«Inyección electoral» a las autonomías por decreto

Hacienda actualizará las entregas a cuenta de las regiones pero renuncia a suprimir el copago y dar más fondos a la dependencia.

La campaña electoral ha arrancado ya en Moncloa. Pese a que las elecciones generales están a la vuelta de la esquina, el Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a sacar adelante por decreto buena parte de las medidas que no ha sido capaz de aprobar hasta ahora. En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó ayer que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes y en los sucesivos hasta las elecciones del próximo 28 de abril varios reales decretos con medidas de recuperación de derechos laborales y retributivos, derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, medidas sociales y reducción de la desigualdad de género.

«Todos los Consejos de Ministros que quedan de la presente legislatura van a estar cargados de medidas», afirmó Montero durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press. La intención del Ejecutivo es financiar estos gastos con los mayores ingresos de la Seguridad Social derivados del alza del salario mínimo y de las cotizaciones sociales.

Además, Hacienda prepara una lluvia de millones para las comunidades autónomas mediante la actualización de las entregas a cuenta. Aunque aún está realizando el cálculo de la cifra final, el importe será similar a los 9.000 millones recogido en los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

Precisamente ayer, la presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, presentó en el Congreso el informe de fiscalización del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, en el que se califican de «excesivos» los recursos que el fondo destina a las regiones. Además, el Tribunal de Cuentas señala que la financiación recibida por algunas comunidades se desvió del objetivo del déficit marcado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, informa Efe.

Hacienda explicó que por el momento se impulsaría una primera actualización de los fondos para las autonomías. En cualquier caso, se está estudiando aún su legalidad, ya que hasta ahora sólo se ha dado una actualización similar sin Presupuestos en 1996. Tras las elecciones generales, y si el PSOE se mantiene en el poder, se aplicaría una segunda revisión de estos fondos. De hecho, Montero confía en sacar adelante los Presupuestos de 2019 después del 28 de abril. «No renunciamos a que este presupuesto pueda ver la luz tras las elecciones», dijo.

Mientras tanto, el Gobierno seguirá usando la fórmula del «decretazo» porque, según aseguró Montero, son medidas de «extraordinaria necesidad y urgentes». «No hay medidas más urgentes que atender el día a día de los ciudadanos», insistió la ministra. Con todo, descartó que se puedan aprobar mediante decretos partidas previstas que comporten el incremento del gasto público pero que no llevan aparejada financiación. De esta forma, se quedarán en el camino el aumento de las becas, la eliminación del copago farmacéutico, el alza de los fondos para la dependencia y la reforma de las pensiones, ya que la ministra consideró que va a ser «difícil» recuperar el consenso del Pacto de Toledo antes de las elecciones.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, aseguró ayer que los cambios en la reforma laboral no se aprobarán este viernes pues se tienen que negociar y ver en la mesa del diálogo social y con los grupos parlamentarios. «Para acordarlo tenemos que tener el número suficiente de apoyos para que cuando lo llevemos adelante sea convalidado por la Diputación Permanente». Además, afirmó que el Gobierno dejará sin tocar temas como la contratación, los salarios, el tiempo de trabajo, la flexibilidad interna y el despido, para tratarlos cuando pasen las elecciones.

Por su parte, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, confirmó que el Ejecutivo está negociando con los sindicatos una oferta pública de empleo para 2019. Aunque aún no se conoce la cifra de plazas, se aplicarán criterios similares a los recogidos en las cuentas del año pasado, cuando se acordaron 33.606 plazas.