Los funcionarios de carrera, el personal estatuario -los empleados públicos de la Sanidad- y la plantilla laboral tendrás que esperar para poder aplicarse la jubilación parcial. Así lo ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha confirmado, tras la reunión con el Ministerio de Función Pública sobre este asunto, que la jubilación parcial anticipada se pospone hasta el último trimestre del año para el personal laboral dependiente de la Administración General del Estado, pero también para el resto de empleados públicos, que no tienen reconocido ese derecho.

A través de un comunicado, CSIF ha explicado que la nueva regulación -que entró ayer en vigor para el grueso de los trabajadores españoles- pospone el acceso a esta modalidad de jubilación hasta que entre en vigor la tasa adicional prevista para la oferta de empleo público de 2025. También le ocurre al personal laboral del resto de las administraciones públicas, mientras que el personal funcionario y estatutario tampoco verán reconocido este derecho "hasta que no se produzca la tramitación de la Ley de Función Pública", que incluye una enmienda sobre esta cuestión, y que no se tramitará previsiblemente hasta después del verano, aseguran.

Este sindicato recuerda que el acceso a este tipo de jubilación lleva años aplicándose con normalidad entre el personal laboral del conjunto de las Administraciones, pero "la nueva regulación ha detenido la continuidad de este derecho", y las Administraciones ya han manifestado que paralizarán las solicitudes sobre jubilaciones parciales con contrato de relevo.

Por su parte, CC OO y UGT han preferido ver el vaso medio y han destacado que han logrado que el Gobierno se comprometa a implantar una tasa adicional que permita que se pueda seguir jubilando anticipadamente el personal laboral del sector público. De esta forma se da solución al planteamiento de las organizaciones sindicales para garantizar que el personal laboral pueda disfrutar también del acuerdo de jubilación parcial firmado el pasado 18 de diciembre con este Ministerio y que aseguran que entrará en vigor a partir del próximo 1 de abril, aunque su aplicación se demorará unos meses. También se ha acordado modificar la normativa vigente para que no se pierda este derecho.

También se ha decidido convocar la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, para culminar los asuntos pendientes, así como empezar a negociar un nuevo acuerdo plurianual y abordar la subida salarial correspondiente a 2025 para las personas trabajadoras del sector público, de forma independiente y desligada de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. CC OO y UGT han instado al Gobierno a acometer a la mayor brevedad estos avances para que no queden en una mera declaración de intenciones y le han apremiado también a aprobar lo antes posible la subida salarial del 0,5% pendiente, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2024, para las empleadas y empleados públicos.

Por otra parte, CSIF ha reclamado que el personal civil dependiente del Ministerio de Defensa perciba el incremento lineal de 200 euros al mes en su salario, de la misma manera que lo va a recibir el personal de las Fuerzas Armadas. CSIF lamentó que este colectivo de más de 15.000 personas en toda España "se haya quedado al margen de esta subida, aprobada en un real decreto a finales del mes pasado, al autorizarse una inversión de 400 millones de euros para tal fin". El sindicato esgrimió que el coste de extrapolar esta subida para todo el personal civil de Defensa a escala nacional sería de unos 36 millones de euros y así se lo hizo saber recientemente en una reunión a representantes del Ministerio que lidera Margarita Robles.