La Abogacía del Estado también acusa a Díaz Ferrán de delito fiscal

Se persona en el «caso Marsans» al apreciar indicios de delito fiscal en el vaciado patrimonial del entramado

A Gerardo Díaz Ferrán –imputado por el supuesto vaciado de 45 millones de Viajes Marsans en detrimento de sus múltiples acreedores– se le acumulan las acusaciones en el proceso que se sigue contra él y otras ocho personas en la Audiencia Nacional. La Abogacía del Estado será la última en sumarse a esa lista, en la que figura una veintena de acusaciones particulares. Según ha podido saber LA RAZÓN, los Servicios Jurídicos del Estado han solicitado ya su personación en la causa ante la existencia de indicios que apuntan a que esa operación orquestada supuestamente por el ex presidente de la CEOE, su entonces socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, y el empresario especializado en gestionar sociedades en quiebra Ángel de Cabo habría ocasionado «daños a la Hacienda Pública». Este hecho abriría la puerta a una posible acusación por delito fiscal por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional si las cuotas defraudadas superaran los 120.000 euros por ejercicio.

La Abogacía del Estado ejercerá por tanto la acusación particular en la causa como un perjudicado más en el presunto desvío millonario de fondos del entramado de Marsans ante las acuciantes reclamaciones de los acreedores del grupo.

Ahora será el juez que investiga el «caso Marsans», Eloy Velasco, quien decidirá si la personación solicitada por la Abogacía del Estado es pertinente, dado que –apuntaron fuentes jurídicas– en la causa no se investiga en estos momentos a Díaz Ferrán por delito fiscal. Por este motivo, si el objetivo de la Abogacía del Estado se redujera a ese presunto perjuicio causado por los rectores de Marsans a la Hacienda Pública, el instructor podría incluso optar por instar a los Servicios Jurídicos del Estado a formalizar una querella contra Díaz Ferrán por delito fiscal, que incluso podría recaer en otro juzgado.

En el auto de prisión de Díaz Ferrán, el juez asegura que el ex presidente de la CEOE y su socio Gonzalo Pascual habrían acordado con De Cabo «una estrategia para alzarse con sus bienes y eludir las responsabilidades» que debía afrontar Marsans en varios procesos.