La AIReF duda de la eficacia de las desgravaciones fiscales

La AIReF estudiará si algunos de estos beneficios deberían ser eliminados.

El Estado español deja de ingresar todos los años unos 23.000 millones de euros por las desgravaciones fiscales de las que se benefician empresas y particulares en el pago de sus diferentes impuestos. La cifra aumentaría en 6.000 millones si se contabilizaran desgravaciones adicionales que permiten las distintas comunidades autónomas. En total, los llamados “beneficios fiscales” suman alrededor de 30.000 millones, una cantidad que si llegara a las arcas públicas borraría de un plumazo el déficit. No obstante, la sociedad y los contribuyentes españoles están acostumbrados a disfrutar de las ventajas de una larga tradición de agujeros fiscales con los que pagar menos impuestos.

La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), organismo independiente del Gobierno creado por mandato de la Comisión Europea, estudiará por primera vez en la historia la eficacia de aplicar esos beneficios fiscales en trece impuestos diferentes (6 vinculados al IRPF; 3, al Impuesto de Sociedades; 3, al IVA, y 1 a los Impuestos Especiales).

La AIReF, presidida por José Luis Escrivá, ha sido el Pepito Grillo de todos los Gobiernos desde su creación. Las relaciones con Cristóbal Montoro cuando era ministro de Hacienda fueron más que tensas. Mejoraron con la llegada de María Jesús Montero y Nadia Calviño a la dirección de la Economía española, pero volvieron a enturbiarse tras la presentación de un proyecto de Presupuestos que la AIReF consideró poco creíble por el lado de los ingresos.

La evaluación de la eficacia de los beneficios fiscales, que significan menos ingresos para el Estado, puede ser revolucionaria si concluye que una gran parte de ellos no son eficaces. Significaría que lo más adecuado sería suprimir gran parte de una larga serie de ventajas y desgravaciones fiscales. Supondría también haber encontrado la piedra filosofal para erradicar el déficit. Sin embargo, quizá acarrearía un coste popular que sería muy difícil de abordar por cualquier Gobierno y tropezaría con la oposición de gran parte de la sociedad. Los resultados del estudio, en cualquier caso, llegarán a lo largo de este año y el próximo Gobierno los tendrá encima de la mesa y deberá decidir se adopta medidas o no.