La Audiencia Nacional investigará al Banco de Madrid por blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado admitir a trámite la querella interpuesta por delito de blanqueo contra Banco Madrid y contra siete miembros de su Consejo de Administración por las sociedades "Marine instruments"y "Liuniaski", clientes del banco.

Un mes y medio después de que el Banco de España decidiese intervenir Banco Madrid el pasado 10 de marzo, la Audiencia Nacional ha abierto, a instancias de la Fiscalía, una investigación por blanqueo contra la entidad y siete ex directivos al admitir a trámite la querella presentada por dos de sus clientes, las mercantiles Liuniaski y Marine Instruments. La denuncia se dirige contra su ex presidente José Pérez Fernández, el antiguo consejero delegado Joan Pau Miquel, así como seis ex vocales de su Consejo de Administración: los hermanos Higini y Ramón Cierco, Soledad Núñez, Ricard Climent y Rodrigo Achirica.

El juez Fernando Andreu ha reclamado a la Fiscalía Anticorrupción, antes de ordenar las primeras diligencias de investigación, las actuaciones que, en su caso, haya llevado a cabo respecto a este asunto desde el pasado 13 de marzo, cuando el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) denunció los hechos al apreciar indicios de blanqueo. Algunos de esos movimientos estaban vinculados a altos cargos del Gobierno venezolano y de la supuesta de mafia china liderada por Gao Ping.

«Pánico y desconfianza»

El Banco de España acordó intervenir a la entidad tras la investigación puesta en marcha por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra su matriz, Banca Privada d’Andorra (BPA), a la que señalaba como vehículo de blanqueo de capitales para «personas y organizaciones vinculadas al crimen organizado, la corrupción y el contrabando». La drástica medida acarreó, dos días después, la dimisión de todos los directivos ahora querellados.

Las dos empresas querellantes denunciaron ante la Audiencia que los ocho consejeros pusieron la entidad «a disposición de quienes quisieran blanquear dinero, suprimiendo o minimizando los controles internos a que venían obligados, no sólo representándose y asumiendo la posibilidad de que fuera utilizada para mover u ocultar fondos de origen delictivo, sino incluso ofreciendo la entidad para dichos fines».

En la querella, justificaban la competencia de la Audiencia Nacional en que los hechos pueden afectar a un conjunto de personas «en el territorio de más de una Audiencia» y por su «grave repercusión» en el tráfico mercantil o la economía nacional, uno de los requisitos que fija la Ley Orgánica del Poder Judicial para atribuir a este tribunal el conocimiento de un asunto.

Fuga de 124 millones

Tras acogerse al concurso de acreedores ante su insolvencia inminente, resaltaban los querellantes, se originó «una situación de pánico y desconfianza de los clientes», que provocó una fuga de depósitos de 124 millones de euros en apenas tres días, del 10 al 13 de marzo pasados.

Según la denuncia, la investigación ha determinado que los datos de algunos clientes de Banco Madrid «no se encontraban en los servidores informáticos de esta entidad, sino en poder de su matriz, Banca Privada d’Andorra, en aquel país».

En su resolución, el juez de la Audiencia Nacional recuerda que la admisión a trámite de una querella «no exige la constancia acreditada» de los hechos denunciados, sino que es suficiente con que no se excluya, a priori, su posible relevancia penal. En este caso, añade, los hechos denunciados «merecen una investigación» en la medida en que «presenta, indiciariamente, relevancia penal». La denuncia de blanqueo efectuada por las dos mercantiles, en suma, no es «ni absurda ni irracional, desde el momento en que consta entre la documentación aportada el acuerdo del Banco de España de intervención de la entidad». La misma, además, se produjo después de que el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), supervisor de BPA, decidiera hacer lo mismo con la matriz de Banco Madrid «para garantizar su continuidad operativa», a lo que siguió la declaración del concurso de acreedores de la entidad.

Al margen de que estos hechos merezcan reproche penal, continúa el juez Andreu, podrían haber causado «numerosos perjuicios, no sólo a los depositantes e inversores», sino también a la propia entidad «y a la economía nacional en su conjunto», lo que justifica la competencia de la Audiencia Nacional para investigarlos.

El magistrado sí aclara que sólo después de recibir, a instancias de la Fiscalía, toda la información reclamada a Anticorrupción, decidirá «el alcance de las diligencias que deban, en su caso, practicarse».

En BPA tenía depositados sus fondos la familia del ex presidente Jordi Pujol, que precisamente utilizó su filial en España, Banco Madrid, para regularizar el pasado julio su situación con la Agencia Tributaria.

Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, y tres de sus hijos –Marta, Mireia y Pere– ingresaron 3,1 millones al unísono desde BPA para acogerse a la amnistía fiscal. Una vez regularizada su situación con Hacienda, quedaron ingresados en Banco Madrid 1,7 millones de euros, que seguían depositados cuando se produjo la intervención de la entidad el pasado mes de marzo.

La decisión del juez Andreu puede ser recurrida antes de tres días ante el propio magistrado o, en un plazo de cinco días, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.