La Audiencia rebaja de 133 millones a 5,6 la fianza de Rato en el «caso Bankia»

La Audiencia Nacional rebaja de 800 a 34 millones la fianza solidaria interpuesta por el juez Fernando Andreu a Bankia, su matriz, Banco Financiero de Ahorros, y cuatro miembros de la cúpula de la entidad, entre los que figura Rodrigo Rato.

El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha cerrado su semana negra con una buena noticia. La Audiencia Nacional acordó ayer rebajar de 800 millones de euros a 34 la fianza civil impuesta de forma solidaria por el juez Fernando Andreu al ex ministro y a otros tres ex altos cargos de Bankia, a la propia entidad y a su matriz BFA por las supuestas irregularidades en su fusión y salida a bolsa.

La decisión de la Sección Tercera de lo Penal supone que, a título individual, Rato pasa de hacer frente a una fianza de 133,3 millones a tener que responder únicamente de 5,6. Ésa será, por tanto, la cantidad que finalmente le reclamará Bankia, que el pasado marzo hizo efectivos en la Audiencia Nacional esos 800 millones de fianza y que esta semana anunció que emprendería acciones legales para reclamar al ex presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) el reembolso de su parte (reducida ahora en más de un 95%). Su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, aseguró que reclamarían el embargo de los bienes de Rato y de los otros tres ex consejeros imputados –José Manuel Fernández Norniella, José Manuel Olivas y Francisco Verdú– para recuperar la cuantía adelantada.

Precisamente uno de los delitos que imputa el juez del «caso Rato» al ex ministro es el de alzamiento de bienes (junto al de blanqueo y cinco delitos fiscales), pues según la Fiscalía Anticorrupción el ex ministro «habría intentado eludir» sus responsabilidades pecuniarias en el «caso Bankia».

Con esta resolución, los cinco magistrados de la Sección Tercera –Alfonso Guevara, Antonio Díaz Delgado, Clara Bayarri, Ángeles Barreiro y Fermín Echarri– estiman en parte los recursos de apelación presentados por Bankia, BFA, Rato y los otros ex altos cargos imputados (la Sala desestima el del FROB por falta de legitimación), algunas de cuyas defensas plantearon al tribunal que, en caso de no anular la fianza, la redujera a la cantidad reclamada por los accionistas perjudicados personados en la causa, estimada en 33 millones.

Aunque la Sala da un plazo de un mes a los imputados para que presten la fianza, ni siquiera hará falta que se abra ese cómputo, pues la Audiencia Nacional procederá a devolver a Bankia casi 766 millones de euros y dejará en depósito el resto, los 34.064.578 fijados por la Sección Tercera, para hacer frente a esa fianza civil.

El abogado de UPyD, que presentó la querella que dio origen al procedimiento, aseguró tras conocer la decisión que «esa reducción supone, en la práctica, dejar desprotegidos a la inmensa mayoría de los engañados por la salida a bolsa de la entidad». El número dos de la formación magenta recordó que esa cantidad representa «poco más del 1%» del hipotético perjuicio causado por la entidad a los accionistas, los 3.092 millones que captó en su salida a bolsa. Andreu estipuló en 800 millones el importe de la fianza tras sumar a la tercera parte del perjuicio ocasionado a los accionista minoritarios (estimado en 1.800 millones), es decir 600 millones, el tercio que estipula la legislación para las fianzas civiles (otros 200).

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recurrieron la imposición de esa medida cautelar pues, en su opinión, devaluaría el precio de las acciones de la entidad y podría ocasionar un perjuicio aún mayor a los accionistas. Andreu, sin embargo, defendía en su resolución que la millonaria fianza no pretendía «poner en duda la viabilidad» de Bankia y recordaba que ésta se había beneficiado de 22.400 millones de euros en ayudas públicas.

Catalá la ve «proporcionada»

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, calificó la medida de «adecuada y proporcionada». A las puertas del Tribunal Supremo, donde participó en una entrega de medallas, se mostró convencido de que la Sala de lo Penal «habrá analizado las circunstancias», informa Ep. «Cuando se establecen las garantías y esas cautelas, es porque son las proporcionadas y adecuadas», recalcó Catalá.