La Eurocámara permite doblar el límite de emisiones de los coches diésel

La Eurocámara ha respaldado este miércoles la propuesta europea que permite a los vehículos diésel sometidos a nuevos test en carretera doblar el límite de emisiones contaminantes tolerado en las pruebas de laboratorio hasta finales de 2019. El pleno del Parlamento Europeo ha rechazado con 323 votos en contra, 317 votos a favor y 61 abstenciones la objeción planteada por la comisión de Medio Ambiente del Hemiciclo, que defendía el veto al acuerdo que alcanzaron los Estados miembro a nivel de expertos en octubre.

Los Veintiocho acordaron que los vehículos con motor diésel sometidos a nuevos test en carretera pudiesen doblar (110%) hasta finales de 2019, el límite de 80 miligramos de emisiones contaminantes tolerado en las pruebas de laboratorio. La flexibilidad se limitaría al 50% a partir de esa fecha.

La norma se aplicaría de forma transitoria a partir de septiembre de 2017, cuando se permitirá un nivel de emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) de 168 mg por kilómetro en las pruebas en carretera para los nuevos modelos (a partir de septiembre de 2019 para los nuevos vehículos).

La legislación sería definitiva a partir de enero de 2020, cuando las emisiones podrán alcanzar como máximo los 120 mg/km para los nuevos modelos, mientras que este tope será el requerido para todos los vehículos nuevos a partir de enero de 2021.

La Comisión Europea ha dado la bienvenida a esta votación y ha destacado que al reflejar los niveles reales de emisiones en condiciones reales de conducción, las pruebas "reducirán la cantidad neta emitida por los coches diésel".

Además, un portavoz del Ejecutivo comunitario ha recordado que estos vehículos sólo pasan pruebas de laboratorio, a pesar de que las emisiones contaminantes son de media cuatro veces mayores si se estudian en situaciones reales en carretera. "Los fabricantes deberían ya empezar a diseñar vehículos que cumplan totalmente con el límite legal de emisiones medidas en situaciones de conducción real", ha añadido.

Esta propuesta fue acordada bajo un procedimiento a nivel de expertos que, aunque no puede aplicarse a nueva legislación, se contempla en más de 300 normas vigentes. A través del mismo, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE pueden rechazar la propuesta. Este rechazo se traduce en un derecho de veto por ambas instituciones que puede ejercerse en un plazo de tres meses una vez aprobada la medida propuesta por la Comisión.

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