La Audiencia citará como imputados a 14 ex altos cargos de Catalunya Caixa

Adimite la denuncia de la Fiscalía contra Serra y el resto de la cúpula por un agujero de 750 millones.

La Audiencia Nacional admitió ayer a trámite la denuncia de Anticorrupción por un delito de administración desleal contra la ex cúpula de Catalunya Caixa, en la que figuran el ex ministro socialista Narcís Serra, quien entonces ocupaba la presidencia de la entidad, y los ex directores generales Adolf Todó y José María Loza, por un agujero de 720 millones en operaciones inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2007 por el banco. En total, son un total de 14 los denunciados por el Ministerio Público que deberán declarar como investigados ante el juez Ismael Moreno.

En la denuncia de Anticorrupción, que asumió la presentada en la Fiscalía por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en la que se indicaba que como consecuencia de la actuación de los responsables y principales administradores de la citada entidad, se causó un perjuicio a la caja catalana –adquirida en 2014 por BBVA– evaluado en esos 720 millones, cantidad a la que se ha llegado «teniendo en cuenta el precio de adquisición de los terrenos –en España, Polonia y Portugal– y el precio de su adjudicación a la Sareb», al «banco malo». Esas adquisiciones se realizaron a través de una de sus filiales.

Para Anticorrupción, existen serios indicios de una «ausencia de auténtico control en la toma de decisiones, de tal forma que el presidente, el director general y el director general adjunto eran los que realmente decidían en la Caja, sin que sus decisiones jamás fueran puestas en entredicho ni en la Comisión Ejecutiva ni en el Consejo de Administración».

Junto a ello, destaca la existencia de notables irregularidades en la aprobación y desarrollo de los proyectos inmobiliarios, y en la constitución de las sociedades participadas; así como una ausencia de garantías «para recuperar el precio satisfecho en la adquisición de los terrenos en el supuesto de no conseguir la calificación urbanística para construir las viviendas».

Además, destaca el hecho de que la entidad hubiese adquirido terrenos que podían estar afectados por normas comunitarias y autonómicas que constituían obstáculos para la aprobación de los diversos hitos urbanísticos; ni el hecho de que la Comisión Ejecutiva aprobase proyectos con «evidente falta de competencia objetiva». Junto a todo ello, señala que tampoco puede entenderse que el Consejo de Administración fuera una «mera figura legal desprovista de todo tipo de eficacia controladora de los cargos directivos de la entidad».