La Policía halla notas de De Cabo con pagos a «GDF»

La información recabada por la Policía en los registros practicados en la «operación Crucero» está apuntalando, según los investigadores, los supuestos pagos de Ángel de Cabo a Gerardo Díaz Ferrán a cambio de dejar en sus manos la propiedad del grupo Marsans para dar así esquinazo a sus múltiples acreedores, que reclaman al ex presidente de la CEOE y a su entonces socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, más de 45 millones de euros. Y es que según ha podido saber LA RAZÓN, los agentes hallaron en la sede de Ascendia en Valencia –donde según el juez Eloy Velasco acudía Díaz Ferrán periódicamente a cobrar los emolumentos pactados con De Cabo por la venta de Marsans– documentos con anotaciones de pagos a «GDF». Fuentes de la investigación creen que de esta forma consignaría De Cabo las entregas de dinero acordadas con el ex propietario de Marsans.

Díaz Ferrán no lo recuerda

La Policía también encontró en el domicilio de Díaz Ferrán, apuntan esas mismas fuentes, anotaciones atribuidas supuestamente al empresario en las que éste habría anotado «las cantidades recibidas, tanto en efectivo como en cheque, y las que quedaban por recibir». En esas notas también figurarían reseñas de «pagos de amigos» y a través de Trapsa, una de las empresas de transporte vinculadas al grupo Marsans.

A los agentes les llamó especialmente la atención una frase: «pendiente noviembre y diciembre», que consideran podría referirse a las entregas de Ángel De Cabo que estaban todavía pendientes este año.

El fiscal preguntó a Díaz Ferrán el pasado día 5, cuando el empresario declaró como imputado, a qué obedecían esas anotaciones, pero el empresario se limitó a contestar que no las recordaba.

Ahora serán el juez Eloy Velasco y el fiscal Daniel Campos los que determinen la solidez de estos indicios para probar los supuestos pagos de De Cabo a Díaz Ferrán. Según detalló el magistrado en el auto de prisión del ex presidente de la CEOE, éste y su socio habrían pactado en junio de 2010 la venta del grupo Marsans a De Cabo para conseguir evadir sus bienes y no tener que pagar a sus acreedores. A cambio, debían recibir cada uno ocho millones de euros en abonos mensuales de 100.000 euros. Según el magistrado, Díaz Ferrán «habría ido recibiendo las mensualidades acordadas, directa o indirectamente por parte de De Cabo, para lo cual visitaría la sede de Ascendia en Valencia cada dos o tres semanas». Por contra, Gonzalo Pascual no vio un euro, pues, añade el instructor, «no habría recibido ningún pago de los estipulados hasta el momento de su muerte» el pasado mes de junio.

La investigación judicial también cuenta para acreditar de forma indiciaria los pagos a Díaz Ferrán con el testimonio de la secretaria de De Cabo. Susana Mora declaró el pasado día 5 en la Audiencia Nacional –antes de que el juez Velasco decretase su ingreso en prisión eludible con el pago de una fianza de 3.000 euros, que abonó ese mismo día para evitar su paso por la cárcel– que nunca vio a De Cabo entregar dinero a Díaz Ferrán. Pero, asimismo, confirmó al juez que el ex presidente de la CEOE acudía alrededor de una vez al mes a Valencia y que, cuando se reunía con su jefe en el despacho de este último en la sede de Ascendia, «a veces De Cabo le pedía que le llevase un cheque».

La Fiscalía debe revisar ahora los documentos obtenidos en los registros y todo el material incautado para intentar hallar más pruebas de que el acuerdo alcanzado entre Díaz Ferrán y Pascual con De Cabo fue una «estrategia para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial», creando así una «aparente insolvencia», tal y como mantiene el juez Velasco en el auto de prisión del ex presidente de la CEOE.

Máximo responsable

El instructor de la causa considera a De Cabo el máximo responsable de una organización dedicada «a la captación de empresas en dificultades, de las que se aprovecharía para su beneficio personal, y que controlaría directamente». Para ello se habría servido de un «extenso entramado societario nacional e internacional» y de colaboradores encargados «del diseño y funcionamiento del mismo», con dos personas de su máxima confianza a la cabeza: la propia Susana Mora e Iván Losada, su «mano derecha».

De Cabo, experto en gestionar empresas en apuros, habría aceptado, según el juez Velasco, coger las riendas del grupo Marsans para conseguir poner a buen recaudo los numerosos bienes del conglomerado empresarial, ocultarlos a los acreedores y conseguir un «lucro personal» en esa operación ficticia.