La UDEF investiga a «nombres de gran relevancia» por los cursos de formación

Los agentes de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía que, en colaboración con la Tesorería de la Seguridad Social, investigan el asunto de las concesiones por parte de la Junta de Andalucía de fondos destinados a fomentar el empleo, han establecido varias vías de investigación, en las que el denominador común es la proximidad de los beneficiarios al socialismo.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, una de las líneas que siguen los responsables de las pesquisas es la que se conoce popularmente como «clientelismo».

Las citadas fuentes estiman que, en este caso, nos encontramos ante entidades que no han percibido grandes sumas de dinero. Se trata de autónomos y empresas de nivel local y poca incidencia económica, como peluquerías, autoescuelas y empresas similares que, sin embargo, han recibido unas cantidades que no concuerdan con su capacidad de negocio.

En este mismo apartado, se han detectado entidades, en principio familiares, que, de manera sorprendente, ampliaron su nivel de negocio que coincidió con la percepción de las citadas subvenciones.

Las investigaciones han permitido determinar que las empresas beneficiarias carecían de experiencia en el sector. Sin embargo, el número de beneficiarios es muy numeroso y absolutamente desproporcionado con el volumen de facturación de esas entidades.

Otro de los «común denominadores» de las empresas beneficiarias es su proximidad a la administración socialista-comunista en Andalucía, bien a través de los partidos y sindicatos. En ciertos casos, como ocurrió en el «caso de los ERE», han sido utilizados parientes, familiares, etcétera. Algunos de ellos podrían ser empleados de algún organismo público de la comunidad autónoma.

La tercera vía son las grandes empresas que habrían creado estructuras «ad hoc» para obtener de forma ilícita las subvenciones. En algunos casos, el entramado estaba extendido por todas las provincias andaluces. Los beneficiarios contaban con la ayuda de asesores para ocultar a los auténticos beneficiarios de las subvenciones, entre los que puede haber individuos de cierta relevancia en la sociedad andaluza, que se habían prevalido de sus contactos para obtener el dinero.

Como es sabido, la investigación se inició al comprobarse que empresas que recibían subvenciones de la Junta de Andalucía mantenían deudas con la Tesorería de la Seguridad Social, por lo que incumplían los requisitos establecidos para recibir subvenciones.

Los pesquisas se pusieron en marcha ante la posibilidad de que algunos beneficiarios pudieran haber cometido los delitos de falsedad documental, apropiación indebida, contra la Seguridad Social y malversación de fondos, entre otros. El trabajo de la Policía se ha centrado, de momento, en el periodo 2009-2012, en concreto en las aportaciones realizadas por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo. Dicha aportación supone un 80 por 100 del importe total.

La suma total de lo aportado supera los 1.155 millones de euros, a los que hay que añadir la parte correspondiente a la financiación nacional, que asciende a 289 millones. Pero no acaban ahí las cantidades destinadas a fomentar el empleo, que en el caso de Andalucía es de casi 1.599 millones.

El trabajo de la UDEF se basó en un principio en un escrito de la Tesorería General de Málaga de la Seguridad Social, que había detectado que empresas que mantenían deudas con esta entidad habían recibido subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Ello no era legal ya que uno de los requisitos para recibir dichas subvenciones es mantenerse al corriente en los pagos de sus obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda.

Los agentes, en un primer análisis de la documentación remitida por la Tesorería de la Seguridad Social de Málaga, observaron que un elevado número de las empresas que habían recibido subvenciones incumplía de forma reiterada los requisitos que marca la ley. Todo ello motivó que se realizara un análisis más detallado y se llegó a la conclusión de que los hechos objeto de investigación podían ser constitutivos de un delito de fraude en la obtención de subvenciones, y de otros relativos a la falsedad documental, apropiación indebida, malversación y prevaricación, entre otros.