La Xunta y el sector pesquero rechazan en Bruselas restricciones a la pesca de arrastre

La Xunta de Galicia y la industria pesquera manifestaron hoy en Bruselas su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea (CE) de prohibir el arte de arrastre de profundidad en el Atlántico noreste, una medida que en su opinión puede amenazar la competitividad de más de 300 buques españoles.

La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PE) celebró hoy una audiencia pública con participantes de la CE, la industria y eurodiputados sobre la propuesta planteada hace un año por el Ejecutivo comunitario de eliminar el arrastre y las "volantas"en la captura de especies de aguas profundas en dicho caladero (peces como la brótola o maruca azul).

El secretario general del Mar de la Xunta de Galicia, Juan Maneiro, y el presidente del Consejo Regional de Bretaña (Francia), Pierrick Massiot, mostraron su unidad en una rueda de prensa previa a la audiencia frente a la propuesta de la CE.

Maneiro pidió a las instituciones europeas "poner cara"a las personas que viven del mar y a sus familias, que resultarían afectadas por esta medida, y les pidió que piensen en "qué futuro le pueden dejar".

Dejó claro que el sector pesquero gallego quiere "proteger los recursos y garantizar la sostenibilidad", pero al mimo tiempo llamó al "sentido común"y recordó que Galicia comparte el fondo de medidas ambientalistas como la adopción del rendimiento máximo sostenible (RMS) o la minoración progresiva de los descartes.

En su opinión, la propuesta de la CE puede ser positiva en términos ambientales, pero supone una amenaza para más de 300 buques que verían mermada su competitividad.

En concreto, más de 164 barcos de arrastre que faenan en aguas internacionales, Gran Sol y en el litoral cantábrico; casi 140 buques que faenan con artes de enmalle en la costa litoral cantábrica -de los cuales 100 son de la flota de artes menores- y más de 10 que faenan bajo otras banderas comunitarias, pero son de capital gallego, dijo.

Maneiro indicó además que las pérdidas directas podrían situarse en unos 80 millones de euros, y que peligrarían más de 2.500 puestos de trabajo.

Ya en la audiencia, el presidente de la Asociación de Armadores de Buques de Pesca de Bacalao (Agarba), Iván López, señaló que cuando los estudios encuentren un fondo que hay que proteger, "obviamente nosotros somos los primeros en defender el cierre de esas zonas"ante los daños que los aparejos de arrastre pueden sufrir al pasar, por ejemplo, por una zona con coral.

"Es contraproducente (...) Creemos totalmente en la sostenibilidad, sin sostenibilidad ecológica no hay sostenibilidad económica en este negocio y entonces no podemos recuperar las inversiones para nuestros accionistas", indicó.

Por su parte, el representante de la Asociación de Armadores de Artes Menores de Galicia (Asoar-Armega), Luis Rodríguez, insistió en que la importancia de la flota artesanal, que representa el 85 % del total de la flota europea y es "un pilar en el desarrollo socio-económico pesquero".

"Todas las especies que capturamos las quitamos una a una con nuestras manos, lo que conlleva un cuidado especial y en muy poco tiempo están depositados en el puerto, en la lonja, donde se van a comercializar", explicó.

Señaló que hay 6.000 embarcaciones de pesca artesanal en el Cantábrico noroeste, más de 14.000 puestos de trabajo directos y, por cada uno de esos empleos, se crean en tierra entre tres y cuatro puestos indirectos.

La eurodiputada del PP Carmen Fraga señaló que la propuesta no es equilibrada y que "no tiene en cuenta el impacto social y económico", mientras que el eurodiputado de Los Verdes Raül Romeva señaló la importancia de que se realicen siempre evaluaciones de impacto para todas las áreas, no sólo en las que se pesca.

El Gobierno español también rechazó en su momento esta propuesta, al igual que los armadores, representados por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), pues ambos señalaron que la limitación carece de base científica suficiente.