Relaciones laborales
Las administraciones públicas tardan 65 días en pagar a los autónomos, duplicando el periodo legal
La media legal para saldar las facturas con proveedores autónomos se sitúa en 35 días
La media legal para saldar las facturas con proveedores autónomos se sitúa en 35 días.
Los autónomos tienen que esperar hasta 65 días para cobrar los servicios prestados a cualquier empresa de la administración local, regional y nacional. Las tres administraciones exceden los periodos de pago legales a autónomos fijados en 30 días, de acuerdo con el nuevo informe de morosidad publicado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).
La media de los periodos de pago durante el primer semestre de 2019 se fijó en 35 días, 37 en el caso de la Administración Central y la media de la administración local, en la que trabajan la mayoría de los autónomos. Éstas duplican el periodo de pago establecido por la ley para abonar las facturas por un trabajo o servicio a alguna empresa pública.
Por comunidades, los autónomos cántabros son los que más tardan en ver pagadas sus facturas, hasta 56 días se toma la Administración de Cantabria para saldar los pagos. En la lista de las peores pagadoras le siguen la Comunidad Valenciana con 51 días de media, y, en tercer lugar, Baleares con 45 días, todas ellas sobrepasando los plazos legales. Aquellas que pagan a sus proveedores dentro de los límites establecidos son Galicia, con 18 días de media; Andalucía, en 20 días; y País Vasco, que lo hace en una media de 21 días.
Por diputaciones provinciales, Cuenca es la que antes hace frente a sus deudas con proveedores autónomos, con una tardanza media de una semana a lo largo de este semestre. Le siguen muy de cerca Teruel y Toledo, con una demora media de ocho días.
El informe de ATA también señala que los autónomos saldan sus deudas con mayor celeridad que las empresas privadas, con una media de 39 días. La morosidad entre empresas privadas se ha establecido de media en 68 días durante la primera mitad del año, tres días menos que los 71 recogidos durante el primer trimestre, y ocho más que los 60 que marca la Ley de Morosidad. A medida que el número de trabajadores a cargo de la empresa crece, también lo hace la demora en hacer frente a sus deudas.
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