Las eléctricas: «Nos han nacionalizado tres meses»

«Durante tres meses estamos nacionalizados». Así de contundente se muestra una fuente de una de las grandes compañías eléctricas españolas. «Nos han obligado a vender la energía, el producto que fabricamos, a un precio muy inferior al que establece el mercado. A un precio estatalizado por decreto», explica. El sector entiende que se les ha «demonizado» para nada. «Primero porque nos dedicamos a vender un producto cuyo precio final se engorda por culpa de los impuestos, las primas a las energías menos competitivas y a otra serie de errores políticos que nos son completamente ajenos. Y, segundo, porque finalmente el Gobierno deberá refacturar en marzo y subir a los consumidores la tarifa por el desajuste que se haya producido entre el precio de la electricidad que han puesto y lo que realmente cueste la energía. Es el colmo».

Podría incluso darse la circunstancia de que, en condiciones climatológicamente adversas el recibo se dispare por el desfase acumulado entre enero y marzo, y por una hipotética subida de los precios de la electricidad para el segundo trimestre.

«Es un parche para contentar a la opinión pública. Las subastas no suelen fallar, por la cuenta que les trae a los que compran y revenden la energía. Si fallan pierden. Por eso, lo que sale en una subasta suele ser lo que va a subir la energía con alguna desviación», explican desde el sector.

La respuesta oficial a la tarifa del Gobierno vino de la patronal eléctrica Unesa, quien tampoco escatimó adjetivos para descalificar la decisión del Ejecutivo, escenificando un nuevo acto del desencuentro entre las cinco grandes compañías a las que representa y el Gobierno.

En un comunicado, la Asociación Española de la Industria Eléctrica destacó que la subida de la luz aprobada por el Gobierno para el primer trimestre de 2014 es un «precio político artificial» y subrayó que supone un «paso atrás» en la liberalización del mercado eléctrico.

Para Unesa, el Ministerio de Industria determinó ayer un precio que va en contra de las normativas europeas, «lo que entraña, de hecho, un riesgo importante para la liberalización». Además, afirma que la decisión se ha tomado de manera «precipitada, improvisada y, una vez más, sin establecer ningún cauce de diálogo con las empresas del sector».

La patronal exigió que se defina cuanto antes un mecanismo definitivo y que la solución aprobada ayer sea «meramente provisional y transitoria», así como que esté «ceñida» al primer trimestre de 2014.

La patronal advirtió al respecto de que el sistema eléctrico, la economía y el consumidor «necesitan» una tarifa eléctrica que se fije «de manera transparente, que esté limpia de sobrecostes de errores políticos que no tienen que ver con el suministro, y establecida en el ámbito de un mercado totalmente liberalizado».

Unesa recuerda que se siguen cargando «costes políticos» en el recibo, lo que supone que menos de la mitad de la factura sea por la energía consumida o los costes de transporte y distribución.

El resto son «cargas fiscales y, sobre todo, políticas de subvenciones sociales y políticas medioambientales que no deberían esconderse en el recibo eléctrico», denuncia.

Sobre la anulación de la vigesimoquinta subasta Cesur, las eléctricas reiteran la necesidad de que exista total transparencia en lo relativo al informe de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia (CNMC), que fue el que motivó la anulación de la subasta, y del que aún no se sabe nada. «Es urgente que se dé a conocer el resultado de dicho informe».

La patronal carga contra la respuesta de Industria ante la «excepcionalidad» de la situación que se ha creado. Considera que el Ministerio que dirige José Manuel Soria «no ha sabido enmendar» el «creciente caos y fuerte inseguridad jurídica que tanto está dañando al sector, sobre la base de un diálogo abierto y constructivo entre todos los agentes implicado». Por último, las eléctricas dan por fracasada la reforma del sector, en vigor desde hoy, y que no ha logrado contentar a ninguna de las partes.