Los nuevos damnificados por los planes del Gobierno

La subida de las cotizaciones a la Seguridad Social y del salario mínimo que propone el Gobierno aumentará el gasto de los autónomos y empresarios. Con unos costes laborales ya de por sí altos, estas medidas podrían incidir negativamente en la creación de empleo y la productividad.

El Gobierno ha hecho saltar las alarmas de los autónomos y empresarios. Los planes del presidente Pedro Sánchez para aumentar el gasto público pasan por incrementar los ingresos y, para ello, una de las medidas que baraja es subir las cotizaciones a la Seguridad Social. También retocará la tarifa plana de los trabajadores por cuenta propia y revalorizará el salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros al mes. Lo que parece ser justicia para los empleados, aparejando sus sueldos al crecimiento económico, podría revertirse y acabar suponiendo un obstáculo a la creación de puestos de trabajo y mermar la productividad, que ya enfrentan unos costes laborales altos. Si finalmente las modificaciones salen adelante, pocos confían en que los autónomos y empresarios puedan hacerles frente con solvencia.

El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, sostiene que este colectivo «no está pasando por un buen momento para afrontar estos cambios, pues tenemos una situación económica que no aconseja tomar medidas encaminadas en realzar los costes de la propia actividad». El gran terror que acecha ahora a los empleados por cuenta propia es el aumento de la base mínima de cotización. El Gobierno propone tres escenarios, y uno de ellos entraría en vigor el 1 de enero. Que ascienda un 1,25%, un 6,25% o un 12,25%, con la promesa de que, a mayor incremento, se devolvería a los autónomos más coberturas sociales.

En los últimos años, las asociaciones aseguran que el crecimiento medio anual ha sido de un 1,5%., es decir, dentro de lo que se puede asumir. Con esta progresión, de los 817,20 euros de base mínima de cotización que estaba establecida en 2008, se ha llegado a que hoy en día sea de 932,70 euros. Por lo tanto, un incremento de 115,5 euros. El Ejecutivo, con sus dos propuestas que se salen de la normalidad, el aumento del 6,25% y del 12,25%, dispararía la base mínima en 58 euros en el primer caso y en 114 en el segundo.

El Congreso ya se ha opuesto a que se castigue tanto a los autónomos. Ciudadanos ha presentado una proposición de ley que ha logrado el respaldo de una mayoría en la Cámara Baja (175 votos de la propia formación naranja, el Partido Popular y el Grupo Mixto), en la que se reclama al Gobierno que no lleve a cabo «ninguna subida en las bases de cotización de los autónomos, de modo que su actualización se produzca en los mismos términos que en años precedentes y previo acuerdo con las asociaciones profesionales más representativas».

Abad, que forma parte de una de ellas, también rechaza el aumento en la base de cotización. Uno de los motivos que argumenta es compartido por la oposición en el Congreso. La medida perjudicaría en exceso a los autónomos con menos ingresos, que no se podrían permitir afrontar todavía más gastos. Por eso, la condición que ponen los partidos para que se suba la base mínima es la modificación del sistema RETA (en el que se encuadran el 99,56% de los trabajadores por cuenta propia), estableciéndose una cotización en función de los beneficios de cada empleador y no una común para todos porque, como explica Abad, «no gana lo mismo un quiosquero que un notario que tenga su oficina en el centro de Madrid» y, sin embargo, tienen que afrontar la misma cotización cada mes. Y mientras a uno le cuesta horrores llegar al día 31, al otro le sobra. La modificación del RETA intentaría hacer justicia en este sentido.

Subida de cuotas

Pero Abad reconoce que la Seguridad Social no está para echar cohetes y hay que contribuir para que mantenga su solvencia. Los autónomos, dice, pueden hacer un esfuerzo económico. Pero no en la base de cotización, pues cuando por fin han descendido notablemente los que se acogían a la mínima hasta el 65,5%, un aumento podría ser contraproducente y que aquellos que cotizan por encima de la base mínima vuelvan a ella para no ver perjudicado su poder adquisitivo.

Donde únicamente están dispuestos los autónomos a realizar ese sacrificio económico es en la cuota final a pagar mensualmente. De esta manera, todos aportarían por igual independientemente de la base de cotización a la que estén sujetos, y la Seguridad Social obtendría un buen pellizco. Pongamos un ejemplo, un incremento en la cuota de 15 euros mensuales por cada uno de los 3.273.013 autónomos, generaría unos ingresos extra de más de 49 millones mensuales, más de 589 millones anuales.

Claro que si los trabajadores por cuenta propia van a ceder al Gobierno parte de sus ingresos, exigen a cambio nuevas coberturas, igual que prometió el Ejecutivo en caso de subir las cotizaciones. Abad afirma que aceptarían una cuota mayor «siempre que se universalice la baja por enfermedad profesional, el cese profesional y la formación, que son tres elementos que vienen a terminar de adecuar nuestras prestaciones y aumentar la proteccion social del colectivo». Además, ya más por sentido común que por otra cosa, también demanda la «bonificacion del 100% de la cuota mensual para aquellos que estén en incapacidad temporal» y, por lo tanto, no estén obteniendo ingresos por su actividad.

El número de autónomos ha repuntado desde 2013 un 7,4%. Parte de culpa la tiene la entrada en vigor ese mismo año de la famosa tarifa plana. Gracias a esta medida un ciudadano que se inscribía por primera vez al RETA podía beneficiarse de pagar una cota reducida de 50 euros durante los primeros seis meses, que a partir del 1 de enero de 2018 se extendió a un año. Ahora, el Gobierno propone subir la tarifa plana a los 75 euros. Si esta pretensión sale adelante, Abad espera que el periodo en el que se pueda disfrutar de ella se aumente a dos años.

El Congreso de los Diputados, en la proposición de ley presentada por Ciudadanos, también ha votado a favor de una tarifa plana de solo 30 euros para los menores de 30 años y para quienes sufran una dispacacidad igual o superior al 33%. Del mismo modo, piden que la tarifa se mantenga en 50 euros para los trabajadores por cuenta propia que no alcancen a ingresar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que a partir de 2019 será de 900 euros, según se establece en el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado.

Salario mínimo

En estos momento, es de 735,90 euros. Por lo tanto, el incremento sería de 164,10 euros, mayor que el que se ha sumado en toda la última década, ya que en 2008 el SMI se situaba en 600 euros. Si bien este aumento viene a igualar los sueldos a la tendencia económica creciente, para los empleadores no será sencillo abonar estos salarios. Así, Abad sostiene que hay que reflexionar sobre cómo esta norma puede afectar a los autónomos que tengan trabajadores a su cargo: «Habrá que analizar las repercusiones y ver dónde se creará un menor daño y como podemos, por otro lado, que ese efecto que llevará consigo la subida del SMI sea amortiguado para los empleadores con peores condiciones economicas».

Y es que en un contexto de ralentización económica como el actual (que incluso podría ser más agudo que lo que se pensaba, pues según los últimos datos de Eurostat el crecimiento del PIB acumulado en la Zona Euro en los primeros 9 meses del años fue solo del 1,7%, cinco décimas menos que en 2017), con el consumo contrayéndose, los ingresos de los autónomos y empresarios pueden verse disminuidos seriamente. La consecuencia inmediata es que les cuesta más contratar a alguien y si, encima, el SMI aumenta un 22% en 2019 como está previsto, quienes pueden crear puestos de trabajo se lo pensarán mucho más.

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, le ha puesto cifra a ese hecho, asegurando que una de las medidas estrella de los PGE provocará que se contraten a 40.000 empleados menos. Pero es que el Banco de España ha sido aún más pesimista y su gobernador, Pablo Hernández de Coz, ha anunciado que la subida sel SMI tendrá el coste de perder la creación de 150.000.

Negociación colectiva

Por otra parte, fuentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también apuntan a que ese incremento (que se denuncia haberse programado sin haber contado con las patronales y sindicatos, que ya habían pactado un plan de subidas salariales en el IV Acuerdo sobre Empleo y Negociación Colectiva) «tendrá efectos negativos en la negociación colectiva». Los que cobren actualmente por encima de los 900 euros, querrán un aumento que deje su suelo a la misma distancia del próxima SMI que del actual, mientras que los que estén por debajo de esa cifra, tendrán que sentarse a la mesa cin sus empleadores para ver cómo llegar. Es decir, se tensa la relación entre jefes y trabajadores.

No tardaremos en conocer los efectos del incremento del SMI y el alza de las bases máximas de cotización que propone el Gobierno, que se prevé de entre un 10 y un 12%, lo que puede costarle, según la AIReF, 1.300 euros anuales a las compañías por cada trabajador de renta alta, y una disminución del salario para éste; y sólo recaudará entre 1.000 millones y 1.100 millones de más. El más inmediato será que el primer trimestre del año que viene las empresas experimentarán un fuerte repunte de los costes laborales. Y eso que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística advierten de que el gasto al que se hace frente para mantener a un trabajador ha aumentado en los pasados meses.

Costes laborales

En los dos últimos trimestres de 2017 y los dos primeros de 2018, los costes laborales crecieron (0,4%, 0,7%, 0,7% y 0,7%), después de no haber aumentado desde finales de 2015. Y si nos fijamos solo en los costes salarios, éstos también subieron en los mismos cuatro trimestres (0,3%, 0,5%, 0,8% y 0,5%) y, de la misma, forma, desde 2015 no registraban un repunte de esa magnitud. Por lo tanto, justo cuando las empresas estaban estabilizando al alza, de nuevo, los sueldos de sus empleados y sus aportaciones a la Seguridad Social, dentro de las posibilidades de cada una; ahora los costes se dispararán tanto que alguna se podría plantear echar el cierre.

Y es que quizá no sea el momento de tomar estas medidas que, dicen, vienen a acompañar el ciclo económico expansivo. La etapa de crecimiento puede engañar, pero la realidad es otra y, según el sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha), el 74% de las empresas con menos de un millón de facturación anual registra pérdidas.

Otro de los planes del Gobierno al que las empresas no le quitan ojo es la derogación de parte de la reforma laboral. Cuando se anunció, la CEOE reaccionó asegurando que la norma se puede mejorar, como es lógico, pero no recomendó realizar una revolución profunda. Del mismo modo, la patronal de las empresas catalanas, Foment del Treball, ha avisado de que cambiar aspecto de la reforma podría suponer un «perjuicio» para la creación de empleo, que ya de por sí ha bajado el ritmo.

Los impuestos, para las empresas

El Gobierno ha introducido en el proyecto de la cuentas públicas un cúmulo de medidas que aumentan el gasto social en una chistera y, por arte de magia, ha sacado por el otro lado más presión fiscal. Aunque ese truco ya se sabía, pues se ha visto en todas las ocasiones que el Ejecutivo propone cambios económicos expansivos. Pero esta vez, el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 firmado entre el Partido Socialista y Unidos Podemos presenta una batería de propuestas tributarias que van dirigidas, especialmente, a las empresas. Fuentes de la CEOE explican que se trata de «compensar» el incremento del coste público que contemplan los Presupuestos del Estado con nuevos ingresos fiscales, pero «no se vislumbra ninguna iniciativa para mejorar la gestión del gasto». La recaudación que proyecta el Gobierno es de 5.678 millones de euros, una estimación que fuentes de la patronal por excelencia consideran «por encima de lo probable». Estas previsiones que no son realistas para la Confederación de Organizaciones Empresariales están especialmente vinculadas «al impuesto a las empresas tecnológicas, al aumento de la fiscalidad del gasóleo y al efecto de las modificaciones en el Impuesto de Sociedades, así como en lo relativo al impacto de las medidas de lucha contra el fraude». La que se presenta como estrella en los PGE para gravar a las compañías es la creación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades (aunque en el caso de las empresas de hidrocarburos y entidades de crédito alcanzará el 18%) para las que superen los 20 millones de facturación. Las compañías tecnológicas (con ingresos superiores a los 750 millones de euros anuales en todo el mundo y de más de 3 millones de euros en España) sufrirán el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que gravará con un tipo del 3% a la publicidad en línea, la intermediación en la red, y la venta de datos que hayan sido proporcionados por los propios usuarios. Los operadores financieros, entre ellos las compañías dedicadas a este sector, no están exentas de los planes fiscales del Gobierno. En el acuerdo alcanzado por el PSOE con Unidos Podemos, uno de los aspectos llamativos en relación a impuestos es que «se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros».

¿Cambiar el sistema de módulos?

Lograr un equilibrio entre los ingresos y la carga fiscal para los autónomos y empresarios ha sido una de las reclamaciones de estos colectivos, además de uno de los objetivos de los gobiernos. Se han dado pasos para lograrlo, pero la Administración y las patronales y organizaciones no se han puesto de acuerdo para marcar el camino definitivo a la equiparación entre beneficios e impuestos a pagar. En el centro de la diana está la modificación del sistema de módulos, que hasta ahora ha sido la herramienta mediante la que la imposición tributaria del IRPF se realiza por tramos. Es decir, alguien que cobre menos tributará en un módulo menos impositivo y quien gane más, al revés. No obstante, los márgenes en los que establecen estos tramos son bastante amplios, por lo que un autónomo que esté cobrando 500 euros al mes por dar clases particulares puede pagar tanto IRPF como una compañía que facture casi tres veces más. El presidente de UPTA, Eduardo Abad, no obstante, cree que «no es momento de tocar el sistema de módulos». Y añade que su reforma «debe quedar con una moratoria hasta que la situación económica de verdad lo favorezca y tengamos un sistema progresivo pero perfectamente definido y, a día de hoy, no lo está». De esta manera, habrá que esperar para que disfrutemos de un modelo que «rompa la brecha fiscal entre autónomos y empresarios», dice Abad.