Los VTC apuntan al bolsillo de los cargos de la Generalitat

Exigirán responsabilidades patrimoniales a los encargados del decreto del sector.

Los servicios jurídicos de las compañías de vehículos de alquiler con conductor (VTC) ultiman una batería de medidas legales contra el decreto-ley de la Generalitat de Cataluña que regula su actividad. Y entre las compensaciones que van a exigir está que los responsables políticos del Gobierno autonómico responsables de la norma, con el consejero de Territorio, Damían Calvet, a la cabeza, paguen de su bolsillo los daños que consideran que la regulación que han impulsado ha causado al sector.

La normativa catalana de las VTC ha establecido la obligatoriedad de que estos servicios se precontraten con un mínimo de 15 minutos de antelación, con la posibilidad de que los ayuntamientos amplíen el margen hasta una hora. La medida ha llevado a aplicaciones como Uber o Cabify a abandonar esta comunidad autónoma y a las firmas propietarias de estos vehículos con las que trabajaban las aplicaciones a presentar EREs temporales. Tanto las apps como estas compañías entienden que la normativa de la Generalitat es un obstáculo que hace inviable su negocio y les obliga a echar el cierre. Y por eso mismo exigirán un resarcimiento al Gobierno catalán, porque le consideran responsable del cese de su actividad.

Responsabilidades

Pero el sector no quiere limitar sus reclamaciones al ámbito meramente institucional. «Vamos a pedir responsabilidades patrimoniales a las personas que han realizado semejante atropello», explican fuentes de este sector. Junto a esta reclamación de indemnizaciones, también interpondrán querellas criminales contra los consejeros que hayan tenido responsabilidad en el decreto, como ya anunciaron la semana pasada.

En un primer momento, Unauto, la patronal de las empresas VTC, calculó que las reclamaciones a la Generalitat podrían rondar los 1.000 millones de euros en caso de que el Gobierno catalán aprobase una regulación que restringiese su actividad. Sin embargo, la introducción de la precontratación les llevó a revisar tal cifra al alza. Entienden que esta medida no es una mera restricción para su negocio sino que les ha llevado al cierre, lo que les obligará a afrontar pagos como la cancelación de contratos con clientes, de «leasing» de los vehículos o a indemnizar a sus conductores. Y estos costes, dicen, debe asumirlos también la administración que los ha provocado. Sus últimas estimaciones apuntan a que la cantidad que podrían reclamar rondaría los 1.500 millones de euros.

Conductores

Y no son sólo las empresas de VTC las que preparan reclamaciones. Fuentes del sector aseguran que muchos conductores de estos vehículos están también sopesando reclamar en los Tribunales daños y perjuicios a la Generalitat por aprobar una norma que les ha llevado a perder su puesto de trabajo.

Aunque los VTC tengan toda su artillería legal apuntando al Gobierno catalán, no está tan claro que tuviera que ser en última instancia el que asumiese posibles indemnizaciones. Durante el debate de convalidación en el Congreso del decreto-ley estatal del sector, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aseguró que, en caso de que se derivasen indemnizaciones, sería el Estado el que las asumiría. Según su argumentación, toda la legislación sobre el sector VTC que se apruebe emana del decreto estatal y eso eximiría, teóricamente, a las autonomías de tener que pagar cualquier responsabilidad patrimonial. Sin embargo, la argumentación de Ábalos no queda recogida por escrito en el decreto-ley, algo que le hicieron ver los nacionalistas catalanes durante el debate en el Congreso de la norma. Para que quede negro sobre blanco y no haya malentendidos, tanto ERC como PdeCAT han solicitado que, durante su tramitación parlamentaria como proyecto de ley, el decreto refleje por escrito la cuestión.