Montero confirma que presentará un paquete fiscal para hacer permanente el impuesto a banca y energéticas

El Gobierno presentará un nuevo paquete fiscal a sus socios para que el impuesto hasta ahora temporal a banca y energéticas sobre los ingresos extraordinarios se convierta en definitivo antes de 2025, en el que se incluirá el incentivo a energéticas para inversiones. Además, se llevará a cabo el ajuste fiscal del mínimo exento en el IRPF por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para acomodar hasta los 15.876 euros anuales los rendimientos del trabajo a la nueva situación -con un coste para las arcas del Estado de unos 1.500 millones-, y se buscará una solución a cómo incorporar los ingresos del impuesto a banca y energéticascon la prórroga presupuestaria.

Así lo ha confirmado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la presentación del avance de los datos de la ejecución presupuestaria de 2023 -ingresos, gastos y desglose por subsectores-, que será publicado oficialmente la semana que viene. Montero ha explicado que "no sabemos si lo haremos con las tres a la vez un el mismo paquete o se hará por separado, pero se hará porque el objetivo del Gobierno es presentarlo, como teníamos firmado en los acuerdos de legislatura". Para que ese gravamen pase a ser permanente, Montero confirmó que tendrá que "sufrir una transformación en su concepción porque ahora mismo no es un impuesto, es un gravamen temporal, por lo que debe modificarse la figura fiscal".

En cualquier caso, ha reconocido que "no hay prisa" para aprobar este paquete fiscal porque los impuestos no se liquidan hasta el año que viene, "bien entrado 2025" y confirmó también que tendrá ley propia el plan para que el Estado asuma parte de la deuda autonómica, tanto del fondo de liquidez autonómica como de otros instrumentos, aunque Montero ha puntualizado que esta iniciativa "no estaba previsto que se incluyera en las cuentas que se estaban elaborando".

Montero también ha adelantado que España cerró 2023 con un déficit público del 3,66% del PIB, dos décimas menos de lo previsto y un punto menos que en 2022, pero continúa muy lejos del umbral marcado desde Bruselas este año tras reactivarse las reglas fiscales. Este avance "mejora dos décimas la previsión hecha a Bruselas", rebajando el déficit un punto del PIB, para dejarlo en 53.556 millones, 10.180 millones menos que en 2022, gracias a una recaudación récord de casi 272.000 millones.

Montero ha presumido de buenos datos en la corrección del déficit experimentada desde la pandemia, cuando el desfase presupuestario llegó a alcanzar el 10,1% del PIB en 2020, para después reducirse al 6,7% del PIB en 2021 y el 4,7% del PIB en 2022 y un punto menos en el cierre de 2023. "Hemos reducido en más de 60.000 millones el déficit en tres años y lo hemos hecho sin aplicar recortes sociales alguno". También ha destacado que si el Gobierno no hubiera aplicado las medidas sociales -que ha cifrado en más de 120.000 millones-, "hubiéramos cerrado el déficit por debajo de la previsión presupuestaria de este Gobierno. Hemos reducido la deuda pública en 17 puntos en tres años, por los 3,5 puntos que lo hizo el Gobierno de Rajoy en el mismo tiempo, además de haber cumplido con las previsiones de crecimiento".

Montero ha explicado que esta reducción se ha producido por la "estabilidad" y por una "economía sostenible" en el largo plazo, impulsada principalmente por el "crecimiento económico", que ha disparado la "recaudación tributaria", una situación que analistas y expertos advierten de que perderá intensidad este año ante la moderación del crecimiento y el incremento de partidas como el salario de los empleados públicos o los intereses de la deuda. Por tanto, ponen en duda el objetivo de déficit público para 2024, recogido tanto en el programa de estabilidad remitido a Bruselas en abril del pasado año como en el plan presupuestario enviado en octubre, situado en el 3% del PIB, que obliga a cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que no permite un desfase por encima de esa cifra en el año que se reactivas las reglas fiscales para todos los miembros de la UE.

El déficit de las comunidades autónomas lo situó en 13.254 millones, un 0,91% del PIB, y las entidades locales registraron un déficit de 1.263 millones, un 0,09% del PIB, y la Seguridad Social, de 8.211 millones, un 0,56% del PIB. "El dato vuelve a poner de manifiesto que este Gobierno cumple con las previsiones", ha destacado Montero, tanto de crecimiento económico como de déficit o de deuda, que cerró 2023 en el 107,7% del PIB.

Sin embargo, Montero mantiene intacto el objetivo comprometido con la Comisión Europea e ignora las trabas puestas por el Senado, que ha tumbado la senda de estabilidad, aduciendo que sólo afecta al reparto del déficit por subsectores pero no a la cifra general. También ha restado importancia a la decisión de Pedro Sánchez de no presentar Presupuestos Generales en 2024, ya que la dificultad de aprobar nuevas inversiones y la congelación de la totalidad de las partidas de gasto ayuda a cumplir el objetivo marcado. "El Gobierno no tiene previsto aplicar ninguna política de recorte para la reducción del déficit público", descartando que la ralentización que el propio Ejecutivo reconoce vaya a afectar este año, porque "una mayor creación de empleo y, por tanto, una mayor amplitud de la base imponible de los contribuyentes, va a permitir ir rebajando el déficit de forma progresiva hasta llegar al 3% este año".

La ministra ha presentado unos ingresos tributarios récord, en términos de caja, tras incrementarse un 6,4%, pese a la rebaja de la presión fiscal de tres décimas que aseguró se había producido en el pasado ejercicio, parta dejarla en el 38%, y pese a los más de 46.000 millones en ayudas a hogares. Según detalló, de IRPF se recaudó un 9,9% hasta 120.280 millones; por Sociedades la cifra se elevó un 9%, hasta 35.060 millones; por IVA, un 1,6% y 83.909 millones; y por impuestos especiales, otro 2,6% y 20.757 millones,. de los que 591 millones correspondieron al nuevo impuesto al plástico. Por ello, Montero abundó que estas cifras demuestran que "las rebajas fiscales son compatibles con el aumento de los ingresos tributarios gracias a la mejora del comportamiento económico y del empleo", justificó.

La vicepresidenta primera quiso destacar la mejora de la financiación de las comunidades autónomas desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Según cuantificó, los ejecutivos regionales han recibido un 40% más de fondos disponibles, que cifró en un aumento de 250.000 millones.