Montero, la prestidigitadora que debe reformar la financiación autonómica

Si hay alguien que sale reforzada en el nuevo Ejecutivo esa es María Jesús Montero. La ministra de Hacienda y Función Pública seguirá al frente de todas sus responsabilidades pero amplía cuota de poder al ascender a la vicepresidencia cuarta, confirmando que es uno de los mayores y más fieles activos del presidente. Montero tendrá un complicado escenario financiero, en el que después de tres años con las de reglas fiscales suspendidas, deberá meter la tijera y tener como objetivo primordial la reducción del déficit y de la deuda pública, que está en récord histórico.

Pero su primer reto será la elaboración y presentación del techo de gasto, paso previo a la elaboración del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, que se afrontan fuera de plazo.

Aunque ha expresado que estas cuentas se elaborarán en base a la responsabilidad fiscal, el pacto de PSOE y Sumar complicará meter la tijera al gasto, ya que el socio de coalición pretende mantener abierta la espita del paraguas social, lo que implica más gasto. De momento, el plan presupuestario remitido ya a Bruselas incluye una previsión de déficit en el entorno del 3% para el año próximo –en línea con lo que fijarán las reglas europeas– y una ratio de deuda pública 14 puntos por debajo de su valor en 2020. Por ello, si quiere culminar la legislatura y alcanzar sus objetivos deberá lidiar con un Parlamento fragmentado y unos socios que exigirán lo demandado en sus pactos de investidura.

También pretende alcanzar otro gran objetivo: igualar la presión fiscal española a la europea, pese a que ésta se ha triplicado desde la pandemia, por lo que tendrá que liderar una reforma fiscal «orientada a las familias pero coordinada con la política de gasto social», ha adelantado. Bajo el brazo traerá la permanencia en el tiempo de los gravámenes a banca, energéticas y grandes fortunas, el nuevo el modelo de financiación autonómica –con la condonación de deuda de fondo– y una reforma integral de la ley de Función Pública, que mantiene en armas a buena parte de los funcionarios.