Un nuevo presunto fraude en subvenciones de Uatae y Pimec pone en duda el sistema de control de Trabajo

La presunta trama organizada por Uatae y las patronales Pimec y Pimem para inflar la plantilla de la organización de autónomos y, así, ganar peso institucional y elevar la cuantía de las subvenciones a percibir ha ampliado su alcance más allá del ejercicio 2021 actualmente en los tribunales. ATA ha presentado una nueva reclamación por escrito en la que advierte al Ministerio de Trabajo que han encontrado "una serie de evidencias que nos llevan a la conclusión de que también en la subvención de 2020 se han podido cometer irregularidades por parte de Uatae, en lo que parece ser una actuación sistemática y reincidente, y no un hecho aislado como el fraude detectado en 2021", que ya está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción nº 17 de los de Madrid tras la denuncia de la Fiscalía por falsedad documental y fraude en subvenciones.

Según las pruebas aportadas por ATA, la organización que preside María José Landáburu también utilizó trabajadores de estas organizaciones patronales, que no son asociaciones de autónomos, para poder cobrar más subvención en el año 2020, según ha adelantado ABC.

La asociación que preside Lorenzo Amor pone en duda también la capacidad de control del Ministerio y critica con dureza que "durante al menos dos años nadie se percatara en ese Ministerio del fraude sistemático que se estaba produciendo o que nadie conociera o comprobara Pimec es una organización empresarial, o que nadie, ni siquiera los técnicos cualificados, conociera que no se pueden aportar ni computar los trabajadores de las organizaciones empresariales, que no pueden integrarse en una organización de autónomos". Se levanta así las sospechas sobre que el Departamento de Díaz no ejerció su deber de control para evitar este presunto fraude.

Desde ATA han solicitado oficialmente en la misiva presentada que se lleven a cabo "cuantas actuaciones procedan en derecho, tanto de orden disciplinario, como de investigación y sancionadoras, para depurar las responsabilidades en las que hayan incurrido las personas que han intervenido en la solicitud de los expedientes objeto de fraude". La organización remite a los artículos 262 y 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se reserva el derecho a ejercer las acciones legales a su alcance "para defender la honorabilidad de los autónomos y reparar el daño causado, en el caso de que el Ministerio no actúe en cumplimiento de la legalidad".

Las dudas de ATA sobre la falta de diligencia del Ministerio de Trabajo en actuar contra las presuntas irregularidades de Uatae podría estar relacionada con la cercanía de la secretaria general, María José Landáburu, a la propia ministra Yolanda Díaz y a Sumar, ya que esta organización de autónomos tiene la misma posición ideológica y está integrada en Conpymes, la patronal afín al partido que preside Díaz, a la que intenta desde su creación incluir en el diálogo social.

En la carta presentada en el Ministerio, ATA pregunta "¿por qué no se nos dio vista de los expedientes solicitados? ¿Por qué no se inició el proceso de revisión solicitado en nuestra carta de 24 de mayo de 2023, donde pedíamos, además de la revisión de 2021, la urgente revisión de los expedientes de concesión de la misma subvención, referidos a los ejercicios 2019 y 2020. ¿Se van a seguir ignorando este fraude sistemático, pese a las evidencias y a la falsedad documental detectada en 2021?".

Por todo ello, la asociación que preside Amor solicita al Departamento de Trabajo que abra una revisión del expediente de 2020 "al objeto de comprobar, ante las evidencias que se acaban comunicar, que se incrementó de forma fraudulenta la plantilla de Uatae", computando a trabajadores de las patronales Pimec, debiendo comprobarse expresamente "la aportación que se haya hecho del Registro de Asociaciones Autónomos de la DG de Relacións Laboral de la Generalitat de Catalunya, y demás datos y documentación que se haya utilizado para cometer este muy posible nuevo fraude". Eso le permitió acceder a una subvención de más de 266.000 euros en 2021, casi el doble de lo que les correspondía y de una cantidad similar en 2020.

Fuentes ministeriales han explicado a LA RAZÓN que "la revisión de la convocatoria ya se estaba revisando antes de la recepción de la carta de ATA". Asimismo, han confirmado que una vez que se recabe toda la información, se actuará según los protocolos y "se trasladará la documentación a la Fiscalía si fuera necesario".