Pensionistas, funcionarios y CC AA quieren presupuestos

Se ha cumplido un mes ya desde la celebración de las elecciones generales y las probabilidades de formar un Gobierno estable se ven muy lejanas. Máxime teniendo en cuenta que desde La Moncloa se ha «fijado» una fecha tope para la formación de un Ejecutivo: el 23 de agosto. ¿Por qué? Porque hay que fijar un techo de gasto del Estado para el próximo año como paso previo para que los Presupuestos Generales lleguen al Congreso «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior» como exige la Constitución en su artículo 134, en su punto tercero. Y un Gobierno en funciones no tiene capacidad para ello.

El punto cuarto de ese mismo artículo da la solución cuando no es posible el cumplimiento de los plazos. «Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogado los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos». No sería la primera vez que ha sucedido. De hecho, los primeros Presupuestos Generales de la era Rajoy fueron aprobados definitivamente por el Congreso en julio de ese mismo año. Si los plazos estimados por el Gobierno en funciones no se cumplen y el techo de gasto se aprueba en septiembre, no habrá posiblidad de que entren en vigor antes de marzo de 2017.

Lo que a simple vista parece un trámite rutinario que la propia Constitución recoge tiene más importancia. La prórroga de las cuentas de un año para el siguiente conlleva que ninguna partida pueda ser superior aunque las condiciones económicas hayan mejorado. Para, por ejemplo, pensionistas y funcionarios, una prórroga de los PGE en vigor supondría la no revalorización de las pensiones en al menos un 0,25% (unos 300 millones de euros de coste) para cerca de nueve millones de españoles; la congelación del salario de los funcionarios (una subida del 1%, como estaba previsto supondría alrededor demás de 225 millones más en el bolsillo de 2,5 millones de trabajadores públicos. Las CC AA tendrían idénticas entregas a cuenta del sistema de financiación (86.754 millones de euros) a pesar de que la recaudación por IVA o impuestos especiales está creciendo por encima de 4%.

Casi 300 millones de euros pendientes de las cuentas

El pago de las pensiones es la mayor carga que tienen que soportar los Presupuestos Generales del Estado cada año. En 2016 están consignados 118.942 millones de euros sólo para pensiones contributivas, de los que 83.562 millones corresponden a pensiones de jubilación. Si no se pueden aprobar las cuentas para 2017, los pensionistas seguirán cobrando lo mismo porque no se pueden actualizar los gastos del Estado, y estos quedan automáticamente congelados. Una revalorización del 0,25% en las pensiones, la mínima que se puede llevar a cabo y que era la que estaba en la mente del Gobierno en funciones, hubiera supuesto 297 millones de euros más en los bolsillos de los pensionistas. Teniendo en cuenta que la pensión media de jubilación estaba situada a comienzos de este mes en 1.043 euros mensuales por catorce pagas, cada perceptor de una pensión (hay 9,4 millones de pensiones en España de distinto tipo) recibiría 40 euros más anualmente. Si, como consecuencia de la mejora de la situación económica, el Gobierno en funciones o el que se formara decidiera recompensar a los pensionistas con una subida del 0,50% para el próximo año, el montante adicional que recibirían sería de 417 millones de euros. En 2011, gracias a un decreto, Rajoy pudo subir las pensiones un 1% en 2012, tras la congelación de Zapatero.

Los funcionarios perderían 224 millones de alza salarial

Junto con los pensionistas, los grandes damnificados de la no conformación de Gobierno y, por tanto, de la prórroga de los actuales presupuestos, serían los 2,5 millones de funcionarios de todas las administraciones del Estado. El Ejecutivo en funciones ha anunciado su intención de subir un 1% el sueldo a los empleados públicos, un alza modesta, pero muy esperada tras los recortes sufridos en 2010 (5% de media)y las congelaciones de los últimos ejercicios. Esta subida supondría un desembolso adicional de unos 224 millones de euros tomando como punto de partida los costes salariales presupuestados en 2016 para hacer frente a las nóminas de estos trabajadores (22.464 millones).

Si no se lograra formar Gobierno sería imposible incluir ese alza salarial, ya que se prorrogarían automáticamente los presupuestos actuales en los mismos términos. Aunque, en principio, esta subida está prevista para los funcionarios dependientes de la Administración Central, la cifra sirve de referencia para los empleados públicos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Los sindicatos que representan a los empleados públicos afirman que los funcionarios han perdido más de un 23% de capacidad adquisitiva desde 2011, aunque desde los años 90, cuando comenzaron las congelaciones con Felipe González, la pérdida acumulada supera el 30%.

Mas recaudación por impuestos, igual dinero

Las comunidades autónomas se financian en buena parte de la cesión de tributos del Estado. En concreto, las regiones tienen cedido el 50% de los ingresos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), otro 50% de la recaudación por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el 58% de los impuestos especiales, aquellos que gravan las labores del tabaco, los carburantes o el consumo de alcohol, con la excepción del vino que tiene un tipo real cero. En las cuentas para el presente año, las entregas a cuenta del sistema de financiación de las comunidades autónomas ascienden a 86.754 millones de euros, de los que 77.145 millones corresponden a los tributos cedidos. El principal es el IRPF, seguido muy de cerca del IVA. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los ingresos por IVA han crecido en el acumulado del primer semestre un 4,3% en términos interanuales, mientras que los de los impuestos especiales lo han hecho en un 4,2%. Teniendo en cuenta los datos de 2016, esta mejora en los ingresos tributarios se traduciría en 1.320 millones más para las arcas de las regiones sólo por el IVA y otros 520 millones en concepto de impuestos especiales. Eso sí, en el caso del IRPF habría una merma, porque los ingresos hasta junio son menores que en 2015.

Un mal comienzo después de salvar la multa europea

España acaba de salvar uno de los más difíciles escollos que ha tenido desde su ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) hace ahora treinta años. El Colegio de Comisarios decidió el pasado miércoles sancionar con una multa cero el incumplimiento de los compromisos de déficit pactados con Bruselas. España se desvió en 2015 ocho décimas de la senda de consolidación acordada con la Comisión Europea y estaba advertida de la posibilidad de ser multada con hasta el 0,2% del PIB, equivalente a 2.000 millones de euros. El temor a que no dé tiempo a presentar las cuentas de 2017 no es la mejor tarjeta de presentación de nuestro país ante las autoridades comunitarias. El hecho de que no se pueda fijar un techo de gasto y fijar los grandes números del próximo ejercicio ayuda poco a asegurar la senda de consolidación fiscal que se acordó el pasado día 27. España ha ganado dos años de tiempo para alcanzar un déficit por debajo del 3%, pero tiene que plasmar sus buenas intenciones en unos Presupuestos Generales. Un nuevo incumplimiento haría que de forma automática Bruselas pusiera sobre la mesa una sanción no del 0,2% del PIB sino del 0,5%, es decir, 5.000 millones de euros. No es una cuestión inmediata después del balón de oxígeno del miércoles, pero es una amenaza que estará presente hasta 2018.