Pimec culpa a Uatae de la falsedad documental por el fraude en las subvenciones ante la jueza

La instrucción de la causa que dirige el Juzgado de Instrucción Nº 17 de Madrid contra la asociación de autónomos Uatae, liagada a Sumar, y Pimec, la organización cercana al independentismo catalán y a Conpymes, por falsedad documental y fraude en subvenciones entró ayer en su capítulo final. La jueza, María Isabel Garaizábal, tomó ayer declaración a testigos e imputados en el caso, para clarificar si ambas organizaciones decidieron hinchar su representatividad y acceder a un cobro más elevado de una subvención del Ministerio de Trabajo, tras integrar presuntamente los trabajadores de Pimec y Pimem Mallorca como propios de Uatae, pese a la imposibilidad legal, ya que una organización empresarial no puede integrarse como una de autónomos.

Según fuentes consultadas por LA RAZÓN, María José Landáburu, secretaria general de Uatae, negó ante la jueza que fuera ella quién autorizara esta presunta actuación fraudulenta e incluso aseguró desconocer la naturaleza de la subvención, ya que dijo no disponer de firma digital para poder llevarlo a cabo, afirmación que la propia jueza puso en duda. Además, alegó que está sufriendo una persecución personal contra ella y general contra su organización.

En sentido contrario, Josep Ginesta, secretario general de Pimec, negó cualquier implicación en los hechos que se le achacan y apuntó directamente a Uatae como responsable de la manipulación de los dos documentos públicos que le envió a Landáburu y que facilitó el cobro de una cantidad más elevada de subvenciones del Ministerio de Trabajo de las que le correspondería. Ginesta señaló que fueron claramente «alterados» y «manipulados» una vez que salieron de la organización, según informaron a este periódico fuentes de la patronal catalana. Ginesta volvió a reiterar ante la magistrada que la documentación que trasladaron a Uatae y la que ellos presentaron no era la misma. «Nosotros somos también víctimas y no hemos cometido ninguna irregularidad», expresaron desde Pimec.

Los 266.000 euros obtenidos de forma presuntamente fraudulenta tendrían que haber sido repartidos durante al pasado ejercicio entre Uatae y Pimec, tal y como quedó sellado en el apartado Sexto del acuerdo de colaboración rubricado entre ambas organizaciones, que sellaba que los recursos que obtuvieran para la financiación de sus actividades serían distribuidos entre ambas organizaciones «en proporción a la dotación que para los mismos pueda establecerse», anualmente y «en función de la disponibilidad de recursos que puedan obtenerse por los diferentes mecanismos de financiación existentes».

Sin embargo, el contencioso administrativo presentado en la Audiencia Nacional provocó una investigación en el Ministerio de Yolanda Díaz y derivó en una denuncia por delitos económicos en la Fiscalía, que impidió el reparto y forzó a María José Landáburu a devolver «íntegramente y con intereses» –confirmaron desde Uatae– dicha subvención, una decisión que serviría como atenuante si se diera una sentencia condenatoria, para evitar los cinco años de cárcel y los seis de inhabilitación pertinentes para estos delitos.