La semana se presenta cargadita. De entrada, el ministro de Agricultura, el sanchista Luis Planas, deberá comparecer el jueves ante la comisión parlamentaria del Senado en la que se está investigando todo lo sucedido alrededor del caso Ábalos, Koldo y Jéssica. Esta última estuvo contratada en Tragsatec, empresa del grupo público Tragsa, que está tutelado desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Jéssica Rodríguez, que fue compañera sentimental de Ábalos, afirmó ante la Justicia que estuvo contratada, pero que no iba a trabajar. Previamente, ese mismo día por la mañana, Planas tiene previsto inaugurar en León unas jornadas sobre la modernización del regadío y la Plataforma denominada Decaleón ha convocado una manifestación de protesta por la gestión que ha desarrollado el ministro durante los casi cerca de siete años que lleva en este puesto.

La semana también se presenta movida en el ámbito internacional, porque el 2 de abril es una fecha clave en la nueva política comercial y de aranceles que ha puesto en marcha Trump tras su vuelta a la Casa Blanca. Ese día está previsto que entre en vigor la nueva subida de aranceles anunciada por el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, tal y como han evolucionado las cosas, ya no se sabe muy bien los aranceles que se aplicarán, durante cuánto tiempo y a qué países y productos afectará este incremento. Desde el punto de vista del sector agroalimentario, lo más destacable es la subida que se anuncio en su día para una serie de mercancías agroalimentarias, principalmente las bebidas alcohólicas y, sobre todo, el vino procedente de los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Sin embargo, a fecha de hoy y después de los anuncios sobre entrada en vigor de la subida de los aranceles y los aplazamientos, no se sabe muy bien qué es lo que va a suceder.

Y, precisamente, a finales de la semana pasada la Comisión Europea anunció su paquete de medidas para apoyar al vino de la UE, que atraviesa por una situación preocupante. Lo primero que hay que decir es que no va a haber más apoyo financiero de la UE para este sector y, lo segundo, que se deja en manos de los Estados miembros la aplicación de la mayor parte de esas decisiones. Si se analiza con más detalle el citado paquete, se comprueba que se abre la posibilidad de que los Estados concedan ayudas nacionales a los viticultores para la destilación de vino (obligatoria o voluntaria), la cosecha en verde y el arranque de viñedo en casos de crisis que estén justificados; más adelante se definirá lo que se entiende por “situaciones de crisis”. Desde Bruselas se plantea también una mayor flexibilidad en el régimen de autorizaciones de replantación. En lugar de 3 años, serán válidas para un periodo de 8, para que los productores dispongan de más tiempo para decidir qué variedades plantar y qué técnicas se podrán utilizar. Por otro lado, los viticultores con autorizaciones de nuevas plantaciones concedidas antes del 1 de enero de 2025, no sufrirán penalizaciones administrativas en caso en caso de que decidan no utilizarlas. Además, los Estados miembros tendrán la posibilidad de limitar la concesión de autorizaciones de nuevas plantaciones en zonas específicas con exceso de oferta. En materia de etiquetado propone una armonización de las normas a nivel comunitario y, por último, sugiere elevar a cinco años, en lugar de tres, la duración de las campañas de promoción de vino en países terceros.

Este paquete de medidas ha sido acogido con división de opiniones. Por un lado, están los que valoran positivamente las medidas y, por otro, los que dicen que son un catalogo de buenas intenciones, pero que no hay más dinero para financiar a este sector. Y temen que este sea un precedente de lo que suceda cuando llegue el momento de negociar el dinero con el que contará la PAC del futuro a partir de 2028. Precisamente los ministros de Agricultura pidieron, durante la última reunión del Consejo Agrícola, que haya una dotación presupuestaria suficiente, algo que está en peligro por las nuevas prioridades que se ha fijado la Comisión Europea en materia de política de defensa, de reindustrialización y de transformación digital de la economía europea. Este debate presupuestario va a ser la prueba del nueve del peso especifico que tiene el comisario de Agricultura en la Comisión presidida por Von der Leyen. La situación se presenta más que complicada de cara a este proceso negociador, que comenzará formalmente en julio, si se cumple el calendario previsto.