Lo que se juega España cerrando Almaraz (al margen de los apagones): más de 15.000 empleos y de 800 millones

El cierre del primer reactor de la central nuclear de Almaraz, programado para dentro de poco más de 30 meses, va a suponer mucho más que perder la fuente de abastecimiento para cuatro millones de hogares, el 7% de la demanda eléctrica española, si se suma el apagón del segundo reactor, programado para 2028.

Al margen del riesgo de apagones que supone prescindir de la instalación que más aporta al sistema eléctrico nacional, según ha denunciado David Rodrigo, presidente de la Federación de Operadores Nucleares de España (FELO), la desconexión de la centra cacereña -propiedad de Iberdrola al 52,6%, de Endesa al 36% y de Naturgy al 11,3%- implica la desaparición del principal motor económico para la mancomunidad del Campo Arañuelo y, en general, de una de las empresas tractoras de Extremadura.

Así lo reitera la consultora Metyis, que estima en casi 4.000 los empleos que se perderían en Extremadura por el cierre. En concreto, la actividad de la planta genera en los municipios más próximos un millar de empleos (369 propios y 662 de otras empresas especializadas que trabajan para la central).

Además, se trata de empleos cualificados con una remuneración por encima de la media de la zona, lo que implicaría la pérdida de ingresos clave para la supervivencia de la mancomunidad y un casi seguro éxodo laboral.

La actividad de Almaraz sustenta a más de 150 empresas de servicios y 278 suministradores de lo más variado, con lo que su implicación no solo afecta a la industria, sino también a la construcción, el comercio o la hostelería.

De hecho, al menos 19 empresas correrían serios riesgos de viabilidad con el cierre de la planta, según las estimaciones de Metyis.

Y es que, al margen de las capitales Cáceres y Badajoz, Almaraz es el municipio más rico de Extremadura, una posición que peligraría al dejarse de ingresar 435 millones en impuestos y tasas nacionales, 82 de ellos recaudados por la Junta de Extremadura y 12 millones por los municipios que albergan la central.

Con todo, las estimaciones de impacto económico elevan la pérdida anual a 124 millones de euros y más de 2.100 empleos en el entorno más próximo a la central, mientras que para el conjunto de Extremadura el agujero económico se ampliaría a 207 millones anuales con una pérdida de empleos de más de 3.800 puestos de trabajo.

A escala nacional, el impacto del cierre de Almaraz alcanzaría los 829 millones de euros y más de 15.300 empleos, según el análisis de Metyis.

Moratoria

A la campaña que han lanzado los municipios afectados por el cierre de Almaraz, han seguido las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, alertando de la subida de precios mayoristas de la electricidad, de entre el 25% para los hogares y hasta el 30% para las industrias.

En este sentido, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el ex ministro Jordi Sevilla, han abogado hoy por ampliar el calendario de cierre de las centrales nucleares, que está previsto que se realice forma escalonada entre 2027 y 2035, unos plazos que fueron acordados por Enresa y las empresas propietarias en 2019.

"Lo que hay que hacer es que no se cierre lo que está previsto. De hecho, todos los pueblos y ciudades donde está la nuclear no quieren que se cierren. Lo que hay que hacer es más inversión y una buena regulación en este sentido", ha dicho Garamendi a los medios de comunicación a la entrada de la jornada 'El Papel de la Energía Nuclear en la Transición Energética'. "Más tecnología y menos ideología", ha resumido.

Garamendi ha destacado que, en este momento, las centrales nucleares proporcionan el 20% de la energía que se consume al día y que es, tal como ha dicho ya la Unión Europea (UE), "una energía limpia".

El presidente de la patronal también ha puesto de relevancia la apuesta "de éxito" que ha hecho España con las energías renovables, con las que se ha conseguido "un precio barato", un aspecto importante para la competitividad de la industria.

En su intervención en la inauguración, Garamendi ha señalado la necesidad de "seguridad jurídica" para que las empresas puedan realizar las inversiones necesarias en la transición energética.

Además, ha hablado sobre la fiscalidad de la energía nuclear, una de las reivindicaciones de las empresas que gestionan algunas de estas centrales, y ha apuntado que este energía "se ha cargado de muchísimos impuestos".

El exministro socialista y expresidente de Red Eléctrica Jordi Sevilla también ha abogado por ampliar el calendario de cierres y ha apostado por que la energía nuclear sea un complemento a las energías renovables.

"No va en contra de las renovables, es un elemento más dentro de una estrategia nueva de ganar una cierta autonomía e independencia. Es un elemento más para ser prudente en un tema tan esencial como la garantía de suministro para no correr el riesgo innecesario de cerrarlas en este momento", ha señalado Sevilla, que actualmente es director de Contexto, la unidad de inteligencia de la consultora LLYC.

"Como mínimo, en el informe proponemos una moratoria de diez años, es decir, patada a seguir y ya veremos, pero por lo menos nos aseguramos que no cometemos un riesgo", ha dicho Sevilla.

Respecto a una de las razones esgrimidas para mantener el calendario de cierre nuclear, que es que está pactado por las empresas, ha señalado que "no le vale" y que la política energética "la deciden el Gobierno y la mayoría del Parlamento".