Rato niega el blanqueo de 8 millones: «Es dinero mío perfectamente justificado»

Se queja de un trato discriminatorio respecto a «presidentes del Gobierno» y al ex ministro Màxim Huerta que facturaron ingresos profesionales a través de sociedades.

El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha negado esta mañana que haya blanqueado ocho millones de euros a través de sociedades radicadas en el extranjero, como mantiene en un informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El ex presidente del Fondo Monetario Internacional ha comparecido durante apenas veinte minutos ante el juez Antonio Serrano-Arnal, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que archivó esta investigación el pasado mayo y se vio obligada a reabrirla posteriormente a instancias de la Audiencia Provincial de Madrid. En ese breve espacio de tiempo, el ex ministro sólo ha respondido a preguntas de su defensa.

A las puertas de los juzgados, Rato ha asegurado a los periodistas que esa cantidad es «dinero mío perfectamente justificado y trazado» y se ha quejado de que la Fiscalía Anticorrupción haya conseguido «que se abra una pieza separada por blanqueo cuando ya se ha demostrado en la causa principal que no hay una defraudación fiscal en el extranjero». El ex ministro ha asegurado que «después de trece informes de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude), ninguno todavía concluyente, y dos periciales presentadas por la defensa se ha demostrado que no hay ninguna defraudación en el extranjero» en relación al fraude fiscal de ocho millones y medio de euros que le imputó este organismo en abril de 2015 y que originó la investigación judicial. «Me siento objeto -se ha quejado- de una investigación prospectiva que, por mucho que esté prohibida por la ley y por la propia Fiscalía General del Estado, se me está practicando».

Según la UCO, Rato empleó a dos de sus sociedades en el extranjero, Vivaway y Kradonara, para defraudar a Hacienda. A partir de 2006, la Guardia Civil sostiene que el ex ministro se sirvió de otras dos empresas, Westcastle y Red Rose, para canalizar los fondos de las dos anteriores.

Respecto a otro de los frentes judiciales que tiene abiertos por el cobro de trabajos profesionales a través de sociedades, supuestamente para conseguir un tratamiento fiscal más benévolo, el ex vicepresidente del Gobierno ha hecho hincapié en que «desde presidentes del Gobierno hasta, recientemente, un ministro de Cultura que ha dimitido, y también importantes presentadores de televisión han sido sancionados por la Hacienda Pública, pero sin actuaciones penales», por prácticas idénticas. «No entiendo por qué se puede seguir con una acusación penal de algo que para el resto de profesionales supone una sanción administrativa», denunció.

Rato ya reconoció en su día ante el juez que facturó a través de una de sus sociedades, Arada, sus emolumentos por impartir conferencias, pero defendió que su actuación fue legal, en consonancia con la supresión del régimen de transparencia fiscal de 2002.

El ex vicepresidente del Gobierno también ha echado por tierra otro de los delitos, el de alzamiento de bienes, que le imputaba la ONIF en 2015, «del que no se me ha acusado nunca».