La «reforma Escrivá» no frena la jubilación anticipada voluntaria

La reforma de las pensiones impulsada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no ha logrado el consenso de todas las partes -los empresarios no la firmaron-, censurada por no garantizar las sostenibilidad del sistema y por no cerrar con claridad y ecuanimidad asuntos tan importantes como la jubilación anticipada, sea forzosa o voluntaria o con largas carreras de cotización. Los empresarios critican que la reforma supone una sobrecarga sobre la economía productiva y los trabajadores que están a punto de jubilarse no ven muchas ventajas si deciden poner fin a su vida laboral por las desventajas que se acumulan.

La Seguridad Social ha confirmado que, por primera vez, la edad efectiva de jubilación ha llegado a los 65 años, dos años más que hace dos décadas. Pese a que ha ido aumentando la proporción de trabajadores que se jubilan a la edad ordinaria y que el porcentaje de trabajadores que lo hacen anticipadamente ha disminuido cerca de cuatro puntos en ocho años, –fundamentalmente por la disminución de las jubilaciones anticipadas involuntarias provocadas por el aumento de los despidos durante los años de la crisis financiera–, sí que se ha producido un aumento del porcentaje de las jubilaciones anticipadas voluntarias, desde el 9,6% del total de jubilaciones en 2014 al 22,8% en 2023 (con datos hasta mayo). Según apuntan fuentes ministeriales, esta situación se habría producido tras el anuncio realizado por el Gobierno de la histórica subida de las pensiones del 8,5% para este año, que generó una oleada de prejubilaciones, ya que miles de trabajadores al borde de su retirada decidieron dar el paso y jubilarse anticipadamente durante 2022, ya que con la subida compensaban la penalización del nuevo sistema.

Precisamente uno de los objetivos marcados por Escrivá era disminuir lo más posible las cifras de jubilaciones anticipadas elevando el coste económico. Para ello, el ministro aumentó los coeficientes reductores en los dos primeros meses en los que se puede pedir y en los tres meses inmediatamente anteriores a alcanzar la edad ordinaria, además de elevar la reducción entre el 2,8% y hasta el 13% según el número de meses de anticipación. La reforma estableció asimismo incentivos a la jubilación demorada, una modalidad de la que proceden el 8,1% del total de jubilaciones hasta mayo de 2023, cuando en 2022 eran el 5,4% y en 2021, el 4,8%.

Según los últimos datos disponibles de la Seguridad Social recogidos por Efe, hasta mayo de este año se habían jubilado 137.480 personas, de las que el 61,6% lo hicieron a la edad ordinaria o superior con una media de 66 años, frente al 38,4% que se retiró de forma anticipada con una media de 63,3 años. La edad ordinaria o legal de jubilación está fijada para 2023 en 66 años y 4 meses para quienes tengan menos de 37 años y 9 meses cotizados, aunque sigue en los 65 años para quienes alcanzan ese periodo de cotización.

Con la reforma de 2021, la edad ordinaria de jubilación no ha cambiado, ya que fue la reforma de pensiones de 2011 la que reguló el retraso gradual de la edad legal de jubilación desde los 65 años hasta los 67 años en 2027. La pensión media de jubilación en lo que va de 2023 es de 1.293,40 euros para las mujeres y 1.605,22 euros para los hombres.