Sacyr dice que el Canal avaló hasta diciembre la calidad de los trabajos

Sacyr y sus socios en las obras de ampliación del Canal de Panamá siempre han alegado que los sobrecostes de los trabajos, que cifran en unos 1.200 millones de euros, se han debido a las anomalías en los estudios del terreno que les ha suministrado el gestor de la infraestructura. Según su versión, ni se ha modificado el proyecto ni la calidad de los trabajos, circunstancias que podrían haber dado pie a que los costes se desviasen. Así lo han defendido y así lo han vuelto a reiterar en un reciente documento oficial con información sobre el proyecto del tercer juego de esclusas en el que, además, la constructora asegura que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha certificado la calidad del trabajo. «Los informes trimestrales que elabora la ACP dan cuenta de la evolución favorable que ha tenido la obra desde sus inicios y las diversas auditorías de calidad que GUPC –Grupo Unidos por el Canal– y sus subcontratistas han superado», asegura uno de los párrafos, justo el siguiente al que afirma que «no se ha procedido a modificar el proyecto original de la obra» de ampliación.

Como ha venido diciendo desde que el conflicto por los sobrecostes de la obra saltó a la esfera pública el pasado 1 de enero, Sacyr reitera que su «firme propósito» es alcanzar un acuerdo que permita terminar la obra en junio de 2015, como está previsto tras la revisión de plazos. Pero la realidad es que a pocas horas de que expire la fecha dada por el GUPC para resolver la situación, no hay acuerdo y la amenaza de paralización persiste. El consorcio reiteró el viernes que mantiene el ultimátum que dio a la administración de la vía acuática de suspender las obras mañana, según ha confirmado una fuente de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Frente a la amenaza, la Autoridad del Canal de Panamá, a su vez, mantiene su posición de que esa amenaza de suspensión «no tiene sustento en el contrato», precisó el informante, lo que, en la práctica, se traduce en que ni uno ni otro parecen dispuestos a moverse de sus posturas. El GUPC ha reclamado a la ACP un adelanto de 295 millones de euros, además de comprometerse a aportar 73 de su bolsillo, para solventar sus problemas de liquidez y poder concluir las obras. También ha requerido al ente panameño que le alargue los plazos para devolverle otros adelantos ya hechos y que podrían ascender a unos 500 millones de euros.

Las pretensiones de Sacyr y sus socios quedan un tanto alejadas de los ofrecimientos de la ACP. La organización que dirige Jorge Quijano está dispuesta a dar un adelanto de 73 millones y a ampliar los plazos de devolución de otros 62. Además, exige al conglomerado que retire el preaviso para detener mañana las obras y envíe desde Italia las cuatro compuertas que asegura están ya terminadas y dice que ha pagado.

Encuentros improductivos

En la última semana, los encuentros entre ambas partes se han sucedido después de que la visita del pasado día 6 de la ministra de Fomento, Ana Pastor, permitiera restablecer la vía de diálogo. Si han seguido vivos ha sido en gran parte por el empeño de Sacyr de lograr un acuerdo. Impregilo, el otro socio mayoritario del consorcio con el 48% de la participación, se ha mostrado más agresivo y dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, incluyendo la suspensión de las obras. Al contrario que el español, el Gobierno transalpino ha guardado silencio hasta el viernes, cuando, a través de un comunicado, expresó su deseo de que «se restablezcan las condiciones» y anunció que se ha puesto en contacto «con los Gobiernos de los países interesados y las instituciones financieras internacionales y europeas que financian el proyecto». Cierto es también que el sector de las infraestructuras español, puntero en el mundo, tiene mucho más que perder que el italiano si el proyecto fracasa por el perjuicio que causaría a su imagen, lo que motivó el rápido movimiento de Ana Pastor para mediar.

Alternativa

Si en las horas que restan para que venza el ultimátum no hay acuerdo, el próximo paso que dará el Canal de Panamá, de la mano de Jorge Quijano, es una reunión el martes 21 con Zurich Internacional. La aseguradora, que tiene unos 440 millones de euros de la fianza que depositó GUPC para iniciar la obra en 2009, es una de las primeras alternativas que tiene la ACP para terminar la ampliación en caso de que los contratistas la abandonen. No obstante, la ACP asegura que tiene acceso a los cerca de 1.100 millones de dólares que le costaría, según cálculos preliminares, culminar la ampliación por su cuenta. De hecho, Quijano ha dicho esta semana que ya ha contactado con otras empresas que pueden sustituir al GUPC si este abandona los trabajos, y calcula que en apenas 15 días podría retomarlos.

Los cálculos de Sacyr y sus socios son muy diferentes a los de la ACP. Impregilo estima que terminar la obra le costaría casi 1.500 millones de euros e implicaría un retraso de otros tres años, en cada uno de los cuales Panamá dejaría de ingresar cerca de 4.800 millones de euros en concepto de peajes.

Las tres posturas en juego

SACYR MANTIENE EL ULTIMÁTUM

La compañía presidida por Manuel Manrique sostiene que los sobrecostes de más de 1.180 millones de euros se deben a anomalías en los estudios de las autoridades, y mantiene su ultimátum. O bien la ACP abona los 295 millones demandados para garantizar la construcción, o a partir de mañana las obras se detendrán.

EL CANAL SE REMITE AL CONTRATO

Desde el Canal han rechazado la amenaza del conglomerado de paralizar las obras de construcción, y han exigido que cualquier reclamación se ajuste al contrato que ambas partes firmaron en 2009. El organismo presidido por Jorge Quijano ha ofrecido 135 millones al consorcio para que puedan continuar con el proyecto.

IMPREGILO SE DESMARCA

La italiana Impregilo, segundo socio del consorcio, es la que hasta el momento ha mostrado una actitud más beligerante. El pasado 8 de enero la compañía planteó que para que las obras continúen a partir de mañana, el Canal debía aportar hasta 735 millones de euros de adelanto, mientras se resuelven los procedimientos de arbitraje.