Sacyr logra una indemnización de 192 millones por los sobrecostes del Canal

La constructora logra una victoria parcial en un tribunal de arbitraje

Justo un año después de que Sacyr y sus socios del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) interrumpiesen las obras de ampliación del Canal de Panamá por los sobrecostes acumulados, el consorcio ha logrado que se atiendan parcialmente sus reclamaciones por estas desviaciones presupuestarias. La Junta de Resolución de Conflictos –DAB, por sus siglas en inglés–, una de las instituciones de arbitraje establecidas en el contrato entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el GUPC, ha reconocido parcialmente dos de las reclamaciones por los sobrecostes, por lo que la ACP deberá pagar 233 millones de dólares –unos 192 millones de euros– de los 463 millones reclamados por el contratista de la ampliación. Además, deberá otorgarle una extensión adicional del contrato de seis meses para acabar los trabajos de ampliación.

Sacyr y sus socios anunciaron el 1 de enero de 2014 la suspensión de los trabajos de construcción de la tercera esclusa alegando que los importantes sobrecostes en que habían tenido que incurrir habían estrangulado su liquidez. El GUPC siempre ha atribuido dichas desviaciones a deficiencias ajenas a su responsabilidad surgidas, principalmente, por los malos estudios geológicos suministrados a su juicio por la ACP. Por este motivo, reclamó al gestor de la vía interoceánica que le abonase estos sobrecostes, que suman algo más de 1.900 millones de euros.

La resolución del DAB viene a reconocer las tesis defendidas por el GUPC. La junta ha fallado a favor del consorcio en dos de las reclamaciones más importantes que ha presentado, relacionadas con la mala calidad del basalto y el retraso atribuido a la ACP en la aprobación de la mezcla de concreto –hormigón– que se utiliza en la obra de la vía.

En cuanto a la calidad del basalto, Sacyr y sus socios advirtieron en 2011 a la ACP de que las propiedades del basalto –la fuente principal para la mezcla del contrato– no tenía la calidad señalada en los documentos de licitación que aportó la ACP a todas las empresas que licitaron en el proyecto de ampliación de Canal de Panamá. Debido a ello, el consorcio asegura que debió incurrir en costes adicionales para ajustar la planta de procesamiento de este material y buscar nuevas fuentes para obtener basalto, «cambios que impactaron en la logística, tiempo e inversión es esta fase del proyecto», según explicó ayer en un comunicado.

En relación al concreto, la junta ha confirmado que la mezcla de hormigón presentada por el GUPC en 2010 y rechazada por la ACP cumplía íntegramente con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato. Según la nota del GUPC, la mezcla inicialmente rechazada por la ACP «no sólo cumple con las especificaciones sino que tiene una durabilidad que excede los 100 años requeridos en el contrato». Sin embargo, añade el contratista, la autoridad del Canal «dilató la aprobación de la mezcla, lo que provocó un retraso de entre siete y nueve meses en el cronograma de trabajo del proyecto y considerables afectaciones al contratista».

Los problemas con el basalto y la mezcla del hormigón han tenido un impacto muy importante en la construcción de la obra, según el GUPC. Sus cálculos apuntan a que dos tercios del coste del proyecto –unos 1.900 de un total de 2.720 millones de euros– consisten en obra civil, es decir, costes asociados a la fabricación y colocación del concreto en las nuevas esclusas.

La resolución del DAB no parece, sin embargo, el fin de la batalla judicial por estas reclamaciones. El administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, dejó entrever ayer que recurrirán la decisión. Las partes tienen la opción de elevar el caso ante un tribunal de arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional de no estar satisfechos con la decisión de la junta. El propio GUPC también podría recurrir la decisión aunque por razones muy diferentes. El consorcio aseguró que está estudiando la razón por la que sólo se ha estimado la mitad de la su reclamación económica y la extensión del contrato en seis meses.