El debate sobre el futuro de las pensiones en España se ha reavivado con una advertencia contundente que pone cifras a la incertidumbre. El economista Santiago Niño Becerra ha sido tajante al respecto: las pensiones no son sostenibles en su forma actual. Su proyección a 30 años vista implica un compromiso para el Estado que alcanzaría el 500 % del PIB, un diagnóstico severo para el estado de bienestar y el pacto intergeneracional que lo sostiene, basado en que los trabajadores actuales financian las prestaciones de los jubilados.

De hecho, esta proyección del 500 % del producto interior bruto no es una cifra abstracta. Al trasladarla a términos monetarios, el compromiso que el Estado español tendría que asumir durante las próximas tres décadas para cubrir las prestaciones asciende a una cantidad que marea: casi 7 billones de euros. Semejante volumen de gasto futuro pone en jaque la viabilidad del modelo y obliga a replantear las bases del sistema público de jubilación, un pilar fundamental de la cohesión social que ha garantizado el bienestar de millones de personas durante décadas.

Asimismo, la magnitud de este reto se comprende mejor al analizar la situación de las finanzas públicas. España arrastra un déficit estructural del 3 % del PIB, una brecha persistente que, evidencia la dificultad crónica del Estado para equilibrar sus cuentas. Esta incapacidad para generar los excedentes necesarios complica enormemente la tarea de afrontar desafíos futuros de tal envergadura, dejando al país más vulnerable ante imprevistos.

La pesada losa de la deuda pública

A este desequilibrio entre ingresos y gastos se suma una deuda pública que ya supera el 103 % del PIB. Con una mochila de deuda tan pesada, la capacidad del país para hacer frente a compromisos adicionales queda seriamente comprometida. Este nivel de endeudamiento no solo limita el margen de maniobra para políticas de inversión, sino que también genera una carga financiera constante, por lo que cualquier nuevo gasto debe financiarse con más deuda, perpetuando un círculo vicioso del que resulta difícil escapar.

“Las pensiones en España no son sostenibles, en su forma actual. La proyección a 30 años implica que el estado tiene un compromiso del 500% del PIB en pensiones”

En definitiva, la combinación del déficit crónico, una deuda elevada y la gigantesca hipoteca futura de las pensiones dibuja un horizonte económico de una complejidad extraordinaria. Este escenario plantea un desafío mayúsculo no solo para los gestores públicos, que deberán encontrar soluciones viables, sino también para las próximas generaciones, sobre las que recaerá el peso de sostener el sistema, obligando a un debate nacional profundo sobre las reformas necesarias para garantizar su supervivencia a largo plazo.