Los nuevos cortes salariales que prepara el Gobierno luso afectarán a unos 320.000 funcionarios públicos que hasta ahora no habían sufrido las rebajas salariales anteriores, según el principal sindicato de los funcionarios portugueses.

En declaraciones a Efe, Ana Gomes Avoila, coordinadora de la Federación Nacional de los Sindicatos de la Función Pública (FNSFP), advirtió de que estos ajustes para el Presupuesto del 2014 golpearán a la clase media del funcionariado y anunció la convocatoria de una huelga sectorial para el próximo 8 de noviembre.

La medida más polémica presentada por el Gobierno conservador de Portugal para bajar el déficit hasta el 4 % en 2014, como exige la troika, recoge reducciones salariales progresivas a funcionarios y empleados del sector empresarial del Estado de entre el 2,5 % y el 12 % para todos aquellos que ganan más de 600 euros brutos al mes.

Avoila, que cifró en 570.000 el número de trabajadores públicos de la administración central, regional y local (10 % de la población activa portuguesa), aseguró que las categorías laborales más afectadas por los nuevos cortes son las de auxiliares y técnicos.

Desde el pasado año, los salarios mensuales superiores a 1.500 euros, frecuentes entre los médicos y profesores, ya habían sido reducidos progresivamente entre el 3,5 % y el 10 %.

Sin contar con los funcionarios que pertenecen a las fuerzas de seguridad, el estamento militar o la judicatura -representados por sindicatos propios-, los trabajadores de sectores como el de la sanidad y la educación sufrirán ahora un recorte que puede alcanzar hasta el 12 %.

La huelga convocada para el próximo 8 de noviembre afectará a servicios como hospitales, escuelas o centros de salud, pronosticó Avoila, quien aseguró que pedirá a través de los grupos parlamentarios de la oposición que el Tribunal Constitucional aprecie la legalidad de las medidas.

La sindicalista recordó además que los trabajadores públicos ya trabajan cinco horas más a la semana (de 35 a 40 horas) sin recibir por ello más sueldo, otra medida aplicada por Portugal a instancias de la UE y el Fondo Monetario Internacional, entidades que le concedieron su rescate financiero en 2011.