Confirmado, habrá huelga en Renfe y Adif. Los sindicatos han convocado oficialmente siete jornadas de huelga este mes por la falta de acuerdo con el traspaso del servicio de Rodalies de Catalunya a la Generalitat, la cesión de un tramo de vías y la entrada de MSC como socio industrial de la filial de Mercancías. Denuncian que el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente sigue incumpliendo los acuerdos firmados en noviembre de 2023, por lo que las movilizaciones serán generalizadas en ambas empresas públicas los días 17,19,24,26 y 28 de marzo y el 1 y 3 de abril.

Las organizaciones sindicales acusan a Puente de actuar con la política de hechos consumados y de ausencia absoluta de negociación, que les ha convertido en "meros receptores de información, sin posibilidad de participación en la toma de decisiones", lo que supone "una ruptura total de los acuerdos previos", dado que las soluciones adoptadas por el ministerio en coordinación con la Generalitat "son diametralmente opuestas a lo pactado". También señalan que Puente ha ignorado los acuerdos que lograron la desconvocatoria de la primera amenaza de huelga. Esos acuerdos establecían que Renfe y Adif continuarían siendo los prestadores de los servicios de Rodalies y Renfe Mercancías, que se preservaría la integridad de las plantillas en ambas empresas públicas y que se establecerían grupos de trabajo y negociación para adoptar soluciones consensuadas.

Sin embargo, los Comités Generales de Empresa (CGE) -integrados por Semaf, CC OO, UGT, CGT, SCF y SF- consideran que estos compromisos han sido vulnerados tras la última reunión con el Ministerio, celebrada el 17 de febrero, en la que se anunció la exclusión de la línea R1 de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) y la creación de una empresa mixta ajena a Renfe para asumir progresivamente todas las actividades operativas de ambas empresas públicas estatales. Estas medidas suponen "una ruptura total de los acuerdos previos", dado que las soluciones adoptadas por el Gobierno central en connivencia con la Generalitat "son diametralmente opuestas a lo pactado". Consideran que las intenciones de ambas Administraciones "no suponen una mejora del servicio, sino un aumento del coste que recaerá sobre los ciudadanos", ya que se pretende "duplicar el entramado societario" con un nuevo presidente, consejeros y estructuras paralelas "para prestar un servicio que ya ofrece una empresa pública".

Además, señalan que esta duplicidad afectará tendrá una incidencia negativa en la operatividad y en la propia economía de ambas compañías, ya sea para la compra de trenes, materiales, instalaciones de circulación y seguridad, formación y habilitaciones. Los comités recuerdan que la Generalitat tiene transferidas las competencias de Rodalies desde 2010, pero hasta ahora no las ha ejercido plenamente, e insisten en su propuesta para que la Generalitat gestione y mejore el servicio manteniendo como operadores a Renfe y Adif, "siguiendo un modelo similar al de la sanidad catalana", donde diferentes centros sanitarios sin titularidad de la Generalitat prestan servicio público dentro del Siscat. La exclusión de estas líneas de la red estatal implica que "ya no estarán sujetas a la normativa de seguridad, operación y material rodante", establecida a nivel europeo y regulada en España por la Ley del Sector Ferroviario y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Los sindicatos advierten de que todo ello provocará una "disminución de los estándares de seguridad y en la pérdida de interoperabilidad con el resto de la red ferroviaria española y europea", y que al estar financiadas con fondos europeos para mejorar la interoperabilidad ferroviaria en el continente, la exclusión del sistema general "podría derivar en sanciones por incumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos de su concesión".

Respecto a la filial de Mercancías de Renfe, las organizaciones de los trabajadores denuncian el encubrimiento de un proceso de privatización a través de la creación de una nueva sociedad controlada por la compañía logística MSC, que se está llevando a cabo mediante un proceso transitorio que solo va a provocar el "deterioro de la empresa pública mediante acciones como no concurrir a nuevas contrataciones de carga, obstaculizar la labor de los comerciales en la captación de clientes y bloquear la operatividad de los trenes por inacción de los centros de gestión".

Renfe ha trasladado su voluntad de diálogo con los sindicatos para evitar la huelga, defendiendo que considera "prioritario" explorar todas las vías de negociación. Fuentes de la compañía han reiterado su voluntad para minimizar cualquier impacto negativo en la movilidad de los miles de viajeros que utilizan sus servicios diariamente. "Desde Renfe respetamos el derecho a la huelga y mantenemos nuestra voluntad de diálogo con las centrales convocantes para alcanzar un acuerdo que permita la desconvocatoria de los paros".