La subida del salario mínimo costará 4.500 millones a las empresas: «Muchas van a quebrar»

Yolanda Díaz ha sido fiel a su amenaza y ha aprobado de forma unilateral y sin el apoyo de los empresarios el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5% para este año, un punto más de lo que había propuesto en un principio, en una claro castigo a la negativa empresarial por secundar el acuerdo. Tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos estaban dispuestos en primera instancia a firmar una subida del 4% si las organizaciones empresariales se sumaban a un pacto tripartito. Sin embargo, la amenaza que el pasado lunes lanzó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, sobre que sellaban el acuerdo o la subida sería «más ambiciosa» –afirmación rubricada por la propia ministra Díaz el jueves tras confirmar que el SMI iba a subir «mucho»– dinamitó definitivamente los puentes que aún se mantenían en pie.

Ayer, Díaz y Pérez cumplieron sus amenazas y secundaron el incremento mínimo del 5% que habían puesto sobre la mesa los sindicatos, lo que implican 54 euros más al mes y elevar el salario desde los 1.080 euros de 2023 hasta los 1.134 euros brutos en 14 pagas a partir de ahora. Es decir, 756 euros más al año. Se vuelve así a repetir la situación vivida en 2022 y en 2021, cuando la ministra de Trabajo decidió dejar al margen del acuerdo a las organizaciones empresariales y acordar el incremento únicamente con CC OO y UGT. Solo en 2020 se llegó a un consenso de las tres partes, cuando pasó de los 900 a los 950 euros mensuales.

Los empresarios denuncian la falsedad de que elevar el salario mínimo en 54 euros mensuales se reduzca simplemente a eso. Y los números les dan la razón, ya que el coste real anual por trabajador con este nuevo el SMI al 5% se elevaría en 1.260 euros anuales, sumando el salario base más la cotización que la empresa debe realizar la empresa, casi el doble. Así, el coste real para el empresario por 12 pagas –con un prorrateo de pagas extras– sería de 1.768 euros, frente a 1.664 euros de 2023. Es decir, que el salario se eleva realmente a 1.323 euros, más la cotización a la Seguridad Social de 425 euros y el aporte al Mecanismo de Equidad Intergeneracional –que subirá cada año hasta 2029–. Por tanto, la cifra final se elevaría entre 1.768 y 1.824 euros, según cual sea el tipo de cotización de accidentes de trabajo. Multiplicado por los 2,5 millones de beneficiados que apuntan desde el Ministerio de Trabajo, el coste anual para las empresas sería de unos 4.500 millones de euros.

«El coste salarial efectivo mensual se disparará realmente entre un 67% y un 75% más alto que la cifra conocida del salario mínimo», apuntan desde la patronal, lo que supondría un incremento real del SMI de casi el 58% desde 2018, alcanzando la cota del 61% del salario promedio neto de jornada completa. Por ello, el SMI «tendrá una remuneración media del 70% en términos netos. Hay provincias en las que alcanza ya el 80% e incluso en 90% del salario medio. Por eso, no se puede elevar de forma generalizada sin tener en cuenta todas las variables», apuntan fuentes empresariales, que resaltan que la subida del SMI en los últimos años ha impedido la creación de unos 163.000 empleos. «Las alzas deben siempre ir acompasadas de moderación y acompasadas a la marcha de la situación empresarial para no impactar en el empleo».

Es precisamente en este punto en el que incidió ayer la patronal tras el anuncio ministerial. «Asistimos una vez más a una situación de arbitrariedad y de abuso de poder, que solo viene a incrementar la incertidumbre y la falta de confianza que ya percibimos en la economía, en los mercados y en los inversores, y que va a quebrar infinidad de empresas». Con esta contundencia, la CEOE cargó contra esta subida porque «se ha vuelto a decidir en términos de premio o castigo a la adhesión o rechazo de los empresarios al acuerdo, lejos de adoptarla en función de criterios técnicos, tal y como indica la ley».

Las organizaciones criticaron duramente la «malas formas» mostradas por la ministra de Trabajo durante la negociación, por su «escaso» esfuerzo para que los empresarios pudieran sumarse al acuerdo. «Los empresarios siempre hemos estado dispuestos a una subida razonable del SMI», de entre el 3% y el 4%, en línea con los incrementos acordados con los sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), una cifra que consideran «compatible con la supervivencia del tejido empresarial», para evitar a las empresas «incurran en pérdidas o incluso lleven a la quiebra a muchas empresas de sectores y territorios con mayores dificultades, y que afectará especialmente a pymes y autónomos».

La patronal recuerda que su negativa tiene que ver con que el Gobierno ha rechazado que los precios de los contratos públicos suscritos con la Administración se vieran incrementados al mismo nivel que el SMI y que se establecieran bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para los agricultores, para equilibrar subida y costes. «Nuestra petición fue nuevamente desatendida, por lo que las empresas ya no pueden soportar más este ritmo de incrementos del SMI», tras haberse elevado desde 2018 un 54% y que los costes derivados para las empresas contratistas con el sector público hayan crecido en torno a un 50% desde ese mismo año. «Pero los contratos siguen sin revisarse y muchas empresas siguen atrapadas en contratos plurianuales de prestación de servicios, de los que no pueden salir hasta que se cumpla su vigencia, con escasos márgenes de beneficio o trabajando a pérdidas».

El Ejecutivo ha mantenido sin cambios la cuantía en los contratos públicos, desde que la reforma de Cristóbal Montoro de 2015 marcara los últimos porcentajes, salvo una mínima revisión en 2017 y un retoque extraordinario de precios que se llevó a cabo en 2022, que permitía actualizar algunas tarifas como consecuencia de la alta inflación –que llegó a superar el 16%–, pero solo admitía la «revisión excepcional» en contratos de obras en ejecución y únicamente «cuando el incremento del coste de los materiales empleados tuviera un impacto directo y relevante en la economía del contrato». La consecuencia directa ha sido que el número de licitaciones desiertas en todos los tipos contractuales se haya incrementado un 34%, mientras en el caso de los contratos de obras lo hicieron un 140% desde 2022.

«¿Qué pasa con las empresas, muchísimas de ellas muy pequeñitas, que tienen contratos públicos con ayuntamientos, con diputaciones con comunidades autónomas, con el propio Estado, donde te dicen ‘‘sube tú el salario’’, porque qué bien queda lo de que tú vas a pagar, porque tú subes el salario pero yo me quedo donde estoy. Eso me parece un abuso de poder», denunció ayer el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que cargó contra Yolanda Díaz por su actitud. «Ha usado el si no quieres una taza, pues taza y media».

Especialmente duro será el impacto del nuevo SMI en el empleo del sector agrario, duramente castigado en el último lustro. El incremento de los costes –tanto salariales como de producción–, el impacto de la reforma laboral y la presión inflacionaria ha costado casi 100.00 empleos desde 2021, mientras que en 2023, solo en el tercer trimestre, el número de ocupados en agricultura y ganadería bajó en 34.000 personas. Las organizaciones agrarias consideran «inasumible» el nuevo salario mínimo «si no se aprueban bonificaciones para que los empresarios agrarios puedan afrontar el incremento de costes salariales que supone. Esto podría tener consecuencias sobre el precio de los alimentos y la inflación al seguirán cerrando explotaciones».

El Banco de España ya advirtió del impacto negativo que tiene el sobrecrecimiento del SMI «sobre el empleo de los colectivos de mayor edad, sobre el flujo de contratación entre los jóvenes, además de provocar una reducción más acusada de las horas trabajadas».

Según los datos facilitados por Cepyme, en los últimos cinco años el salario mínimo en España aumentó el citado 54% –de 735,9 a 1.134 euros–, mientras que la media europea apenas supera el 30%. Así, el incremento en España duplicó el de Bélgica (25,1%) y Luxemburgo (24,2%) y Reino Unido (20,7%); fue casi tres veces mayor que las de Francia (16,6%) y Holanda (16,5%), y más del triple que Irlanda (15,4%). Además, el coste total del salario mínimo, incluyendo cotizaciones, es el segundo más alto de la UE en relación con la productividad, sólo por debajo de Francia.