Los trabajadores de Talgo viven con inquietud la situación no sólo accionarial sino también productiva de la compañía. El fabricante español de material rodante ferroviario convive con la paradoja de tener su cartera de pedidos en máximos históricos, por encima de los 4.000 millones de euros, y de que ese éxito haya puesto a sus factorías al límite de su capacidad productiva. Hasta el punto de que la empresa ha tenido que renegociar a la baja un gran pedido con DB, la operadora pública ferroviaria alemana, lo que, unido al acuerdo al que ha llegado para finalizar un procedimiento judicial en Los Ángeles, ha llevado a Talgo a advertir en la presentación de resultados de su primer semestre de que cerrará el año con un resultado bruto -ebitda- negativo.

Este sombrío pronóstico, de cumplirse, llevaría a la plantilla a perder por segundo año consecutivo su bonus de productividad.

Paga variable

Los empleados de la compañía tienen reconocida una retribución variable ligada no sólo a cumplir una serie de objetivos productivos sino también a que Talgo cierre el año con sus cuentas en positivo. El ejercicio pasado, este bonus era de unos 10 millones de euros. Pero, como recuerdan desde el sindicato CSIF, el año pasado, los trabajadores no lo percibieron debido a que el fabricante perdió 108 millones de euros al tener que provisionar la penalización de 116 millones que le ha impuesto Renfe por el retraso en la entrega de los trenes de alta velocidad Avril.

Ahora, desde CSIF temen que la situación se repita y los trabajadores pierdan otros 10 millones de euros de variables en vista de la evolución de las cuentas de la compañía en lo que va de año. El fabricante de material rodante ferroviario ha reportado unos números rojos de 65,7 millones de euros entre enero y junio pasados, frente al beneficio de 14,6 millones que obtuvo en el mismo periodo de 2024. Y ha advertido de que espera que su ebitda sea de 0 cuando termine 2025.

La situación de Talgo sigue siendo delicada porque la estructura de su capital sigue sin resolverse. El pasado 14 de febrero se firmó un principio de acuerdo para vender el 29,77% de Talgo en manos del fondo Trilantic al consorcio vasco liderado por Sidenor y en el que también participan el fondo público vasco, Finkatuz, y las fundaciones Vital y BBK. Y aunque en ese momento se aseguró que la operación se liquidaría en dos meses, nueve meses después la transacción no se ha completado.

Los compradores se encontraron con una situación financiera mucho más compleja de la que preveían por la penalización de Renfe, lo que les ha obligado a aportar dinero extra para reforzar sus fondos propios con 150 millones de euros a través de una ampliación de capital y la emisión de bonos convertibles en acciones, operación en la que participará la sociedad pública SEPI; y con una nueva estructura de financiación para adaptar los plazos y vencimientos a la ejecución y generación de caja de sus proyectos.

Esta nueva estructura, que se prevé esté lista antes de que acabe el año, comprende una financiación de 650 millones a seis años con aval de la sociedad pública CESCE, una línea de circulante de 120 millones a cinco años y un seguro de cobertura de avales CESCE por importe de otros 500 millones de euros (antes de aplicar el porcentaje de cobertura) con una cobertura del 50%.

A la problemática financiera se ha sumado ahora otra de tipo judicial dado que la Audiencia Nacional está investigando al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por la presunta venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI). El magistrado Francisco de Jorge indaga en si pudieron cometer los delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio.

Desde el PNV, partido que tiene las riendas del Gobierno vasco, han asegurado que la causa judicial no afectará a la operación de Talgo.