Una administración más pequeña, barata y eficiente

El camino de reordenación del sector público está muy claro. Por si hubiera alguna duda, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó a comienzos del pasado mes, en una comparecencia en el Senado, el leitmotiv de la reforma de las administraciones públicas, que va más allá de la simplificación de trámites y normas. «Es necesario –dijo– también reducir estructuras superfluas, en particular en el ámbito del sector público empresarial». No le falta razón a la vicepresidenta. Entre los años 2004 y 2009, su tamaño se ha multiplicado por 1,5.

Hace ahora algo más de un año y medio, en marzo de 2012, el Gobierno puso en marcha un plan urgente de actuaciones para frenar este desproporcionado aumento del tamaño del sector público. En la actualidad, como ha resaltado Sáenz de Santamaría, el plan está ejecutado en un 90% en todo lo que se refiere a extinción, liquidación y fusión de entidades.

Pero el Gobierno ha ido a más. Por eso, anunció hace un mes que lo ha ampliado para otros 67 organismos estatales. Esta prórroga va a posibilitar que, por ejemplo, el número de fundaciones públicas quede reducido a la mitad.

Mayor control

A partir de ahora, la creación de cualquier organismo nuevo «deberá ir acompañada de una justificación estricta de los motivos que lo inducen, de que no existen duplicidades y de que los medios humanos, materiales y financieros son los adecuados». El Gobierno llevará a cabo un estricto control de los nuevos organismos y una evaluación periódica en la que se extinguirán las entidades que dejen de cumplir los requisitos.

Sáenz de Santamaría anunció en el Senado que la actuación del Ejecutivo no se limitará sólo a la reducción del tamaño del sector público. A partir de 2015, se empezará a aplicar el presupuesto base cero en determinadas partidas comunes a todos los ministerios.

Para ello se va a estudiar la cantidad de dinero que es preciso destinar a cada partida de los capítulos segundo y sexto. Estos capítulos de los Presupuestos Generales del Estado hacen referencia a los gastos corrientes en bienes y servicios y a las inversiones reales, respectivamente.

En relación con la política de personal, se mantiene inalterado el principio de reposición cero entre los empleados públicos con carácter general, con la excepción de algunos ámbitos de actuación, como la lucha contra el fraude fiscal, por ejemplo, donde se acepta un aumento del 10%.

La reforma de la Administración tiene ya resultados muy concretos. En todo lo que se refiere a los activos inmobiliarios propiedad del Estado, el primer plan de actuaciones ha permitido ahorrar en alquileres un total de 44 millones de euros. La venta de inmuebles ha generado hasta el momento unos ingresos de 105 millones de euros.

Unificar contratos

Otra de las actuaciones llevadas a cabo ha sido la centralización de las compras de bienes y servicios que se contratan fuera de la Administración. Como muestra sirve un botón. El Ministerio de Fomento tenía 1.700 contratos de suministro eléctrico, que ha quedado reducido a uno. En el caso del Ministerio del Interior, se ha conseguido ahorrar 9 millones en el capítulo de energía de un presupuesto de 47 millones de euros.

En la actualidad, el Gobierno está ultimando la redacción del concurso para licitar un macrocontrato de comunicaciones (270 millones), con el objetivo de que esté en vigor en el primer trimestre de 2015.