Y la vivienda se hizo ley en 2023 con casi todo en contra y no mejoró casi nada

Como ocurrió con casi todas las leyes aprobadas por el Gobierno de coalición que conformaron el PSOE y Podemos la pasada legislatura, el parto de la de Vivienda, la primera del sector de la democracia; fue largo y complejo. Muchos meses de negociaciones alumbraron por fin la primavera pasada una norma llamada según sus promotores a solucionar los problemas de acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos pero que, sin embargo, poco ha logrado al respecto. Muy al contrario, los malos presagios del sector se han cumplido y la ley, por el momento, no ha logrado ni frenar los precios, ni aumentar la oferta ni facilitar el acceso a una vivienda a los colectivos más desfavorecidos.

En el caso concreto del alquiler, los precios, principal objetivo a abatir por la ley, tras relajarse ligeramente en verano, han vuelto a retomar las subidas. En octubre, subieron entre un 7,1% y un 9,2%, según los últimos datos recopilados por los portales Fotocasa e Idealista.

A estos imparables crecimientos ha contribuido de forma importante la propia Ley, con medidas tan polémicas y, según el sector, nocivas como la limitación de la subida de las rentas para grandes tenedores en las denominadas áreas tensionadas, si bien la intervención de precios en estas zonas afectará a todos los propietarios. Lo paradójico es que el efecto se ha producido sin haber sido siquiera activada una medida -sí que han entrado en vigor, sin embargo, el tope máximo para subir los alquiler un 3% que aprobó el Gobierno-, que ha provocado, además, la caída de la oferta de vivienda en alquiler. Según un análisis realizado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), hasta octubre, las viviendas disponibles para alquiler se habían desplomado más de un 30%, con una subida de precios superior al 9%. La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) calcula también que la Ley de Vivienda ha reducido en un 25% la oferta de alquiler tradicional, mientras que otro estudio de idealista asegura que la oferta de vivienda para alquilar estaba en mínimos de los últimos siete años antes de su aprobación.

Y es que, como aseguran los expertos, ante la amenaza de ver intervenidas sus rentas, muchos propietarios están optando por pasar sus viviendas al alquiler vacacional o, directamente, venderlas, lo que ha reducido la oferta del alquiler tradicional y tensionado los precios, afectados también por una demanda cada vez mayor de familias expulsadas del mercado de compraventa por los altos precios y las subidas de los costes de financiación.

Aunque la reacción ante la ley ha sido defensiva, retirando oferta del mercado, no deja también de ser cierto que la limitación de precios en zonas tensionadas, que ha actuado de catalizador de este movimiento, va a tener sobre el papel menos alcance del que le gustaría al Gobierno.Dado que las políticas de vivienda están transferidas, serán las comunidades las que estarán facultadas para solicitar la declaración de estas zonas y que se apliquen los topes. Y las gobernadas por el PP, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Madrid y Galicia, ya han dicho que no aplicarán la medida.

En la práctica, esto significaría que unos 22 millones de españoles quedarían fuera de esta limitación.

Comunidades autónomas como Cataluña, sin embargo, ya han declarado públicamente su intención de aplicar la medida, aunque están pendientes de que el Gobierno apruebe el índice de precios al alquiler, imprescindible para ponerla en marcha porque será la referencia para limitar las subidas de precios en estas zonas a los grandes tenedores. Una figura que, aunque minoritaria en España, el Ejecutivo ha endurecido. Las autonomías podrán, en función de sus competencias, rebajar esta condición de los diez inmuebles establecidos por el proyecto del Gobierno a cinco. Así, los propietarios que posean cinco o más inmuebles en un área tensionada se considerarán grandes tenedores y se les aplicarán las medidas y especificidades concretas para este tipo de propietario, con lo que se pretende evitar la especulación y el acaparamiento de los fondos.