Una de las preguntas más insistentes que suscitan los programas económicos de la izquierda versa sobre la imposibilidad de que con la aplicación de unos modelos determinados se obtengan efectos diferentes. O dicho de otra forma, cuál es el mecanismo intelectual que lleva a un dirigente político en el siglo XXI a considerar que el dirigismo económico y el control estatal de los mercados puede dar un resultado distinto al que ha producido, sin ir más lejos, el sistema socialista bolivariano, que, remedando el viejo chiste de tiempos de la guerra fría, se ve obligado a importar gasolina, pese a nadar en un mar de petróleo.

Viene a cuento esta pequeña reflexión tras la publicación por el Banco de España de los últimos datos disponibles sobre la evolución del flujo de capitales en nuestro país, que hoy recoge LA RAZÓN, que revelan una salida neta inversora en el primer trimestre del año de 3.900 millones de euros –se han «fugado» 26.300 millones de euros sólo en el mes de marzo–, más del triple que la registrada en el mismo período del año pasado, lo que supone, por supuesto, un cambio de tendencia brutal con respecto a 2018, cuando las inversiones exteriores en España –donde operan 14.000 empresas de capital extranjero– registraban un incremento del 71%, por encima de los 46.000 millones de euros. No dejaba de extrañar a los economistas que en las cuentas de la lechera de Unidas Podemos nunca figurará este factor del flujo de capitales, aunque, ahora, sí podemos entenderlo.

No conviene, además, quedarse en la explicación más simple, la que atribuye todos los resultados negativos a la pandemia del coronavirus, fenómeno prácticamente global y, por lo tanto, neutro a estos efectos, porque existen evidencias de que una buena parte de esas inversiones han recalado en países como Holanda, tan afectados como España por la crisis sanitaria, sino, más bien, en la deriva izquierdista del actual Gobierno de coalición español y sus anuncios de una «nueva fiscalidad» que afectará tanto a los fondos de ahorro como a los capitales inversores, que es lo que se oculta detrás de expresiones como «Tasa Tobin», «impuesto a la grandes fortunas» o «Tasa Covid». Tal vez, la inmensa mayoría de la clase media y de las pequeñas y medianas empresas tengan que resignarse a sufrir una nueva vuelta de tuerca en la presión fiscal, pero otros supuestos «paganos» del edén económico que propone Pablo Iglesias, simplemente, se trasladarán a mejores climas.

Con un problema añadido, que las previsiones de ingresos públicos a través de las nuevas fórmulas impositivas que calculan los partidos de la extrema izquierda no se sostienen, salvo que se acometa una subida brutal de los impuestos de IRPF, Sociedades, Patrimonio e IVA, que compense las pérdidas de la recaudación que va a provocar una crisis con caídas previstas, en el peor de los casos, de hasta el 14% del PIB. Nada que no sepamos ni que no haya experimentado el mundo cuando el marxismo, lleve el apellido que se quiera, se dispone a dejar su impronta sobre el modelo económico y social de cualquier país de corte occidental. Los problemas que afronta España son de una gravedad extrema y sólo con la combinación de un uso ortodoxo de la ayuda financiera europea y de medios que impulsen la productividad y el consumo interno se podrá superar la crisis. Pero el líder de la izquierda populista, Pablo Iglesias, insiste en un modelo fallido que, eso sí, parece indestructible en su formulación más básica. Esa que vende el eslogan de «que paguen los ricos», pero que siempre se traduce en el empobrecimiento de mayores capas de la clase media, que es el único yacimiento fiscal que aún se puede seguir explotando. Aunque no mucho más, créalo o no el vicepresidente segundo del Gobierno.