El Gobierno debe dejar en paz la Justicia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cumplido dos años en funciones, pero ese dato ni lo incapacita ni lo deslegitima. Nada hay en la legalidad que le da soporte que condicione o coarte su funcionalidad ni que limite sus competencias. Absolutamente nada. De hecho, no asistimos a un escenario insólito, en cuanto a la naturaleza de este tiempo, pues la interinidad no ha sido una cualidad ajena a otras composiciones del Consejo, incluida de la que el ahora ministro Grande Marlaska formó parte. Los dos principales partidos del arco parlamentario no han sido diligentes ni respetuosos con los plazos en las renovaciones que han antecedido a la presente. Sí, es cierto, y conviene no relativizarlo por lo que supone de anomalía institucional y de desarreglo parlamentario, que el dato de que la provisionalidad del órgano de gobierno de los jueces se haya prolongado 24 meses es una situación inadmisible que hay que solventar cuanto antes. Y, aunque no es desde luego una tara menor, es atribuible a un modelo de control y supervisión político que en nada empece los atributos y las virtudes del actual CGPJ. Por tanto, no existe justificación para la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos, que se debatirá en el pleno de mañana, que limita la capacidad de acción y sobre todo de nombramientos del Consejo y que podría ser el prólogo además para activar de nuevo la reforma exprés del organismo urdida por la izquierda gobernante que de facto daría el control a la mayoría de la moción de censura en la composición del instrumento que designa a jueces y magistrados. Asistimos no solo a una injerencia del Ejecutivo en la Justicia, sino a un atropello de equilibrios cimeros de un Estado de Derecho como son los propios de la independencia de los órganos jurisdiccionales. Europa ya reparó y frenó la pulsión despótica del gabinete Sánchez-Iglesias respecto de los tribunales, pero no parece que la voluntad de interferir en los asuntos de la Ley haya decaído. Si el fin es malo, las formas no son mejores. Con la proposición de ley se priva a los órganos consultivos de informar sobre el plan y se altera una ley orgánica en una práctica en esencia fraudulenta que nos aleja en todo caso de los estándares europeos. En esta situación, el CGPJ no puede condicionar el cumplimiento de sus deberes a la polémica política y por eso resulta razonable que afronte nombramientos como los de esta semana, pues de lo contrario se alteraría el funcionamiento regular de la Justicia y se pervertiría la democracia. Es imprescindible que PSOE y PP sean capaces de cerrar un acuerdo que dé cumplimiento a la legalidad con una renovación respaldada por una amplia mayoría que respete a los jueces, los tribunales, la división de poderes y la naturaleza de un estado de derecho. Ni Unidas Podemos ni los independentistas, socios del presidente, han probado esas convicciones, sino todo lo contrario. Es lógico que, como demanda el PP, queden fuera de un compromiso que enarbola el orden constitucional que aspiran a derribar.