El PP está obligado a llegar hasta el final

Es poco probable que se puedan hacer peor las cosas, pero ello no es óbice para que la dirección nacional del Partido Popular esté obligada a llevar la investigación sobre el presunto trato de favor a un hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hasta alcanzar unas conclusiones, las que sean, que no dejen la menor duda sobre lo sucedido. Y, por supuesto, cuanto antes, mejor, y con la máxima transparencia posible que es lo menos que se merecen los militantes y simpatizantes de la formación, que no salen de su asombro ante el espectáculo de unos dirigentes empeñados en una batalla interna, bastante menor, puesto que no enfrenta diferencias ideológicas, sino meros personalismos, mientras la situación económica y social que atraviesa España puede definirse de muchas formas, menos boyante.

Sin duda, la opinión pública pasará la correspondiente factura al despropósito, pero no es esa la cuestión que ahora nos interesa. Entre otras razones, porque no es la primera vez que el asunto del contrato de las mascarillas, por cierto, aprobado en su día por la Subdirección de Contratación del Servicio Madrileño de Salud, ha surgido en la escena política, primero desde las oposición de izquierdas, que ha aventado reiteradamente las sospechas contra Díaz Ayuso en sede parlamentaria, y, ahora, desde el propio seno de la formación popular, tal y como cabe interpretar a la luz de las contundentes declaraciones de su secretario general, Teodoro García Egea.

A este respecto, y sin entrar en fáciles juicios de intenciones, no es posible negar que la nueva dirección del PP es extremadamente sensible ante cualquier indicio de corrupción que pueda surgir entre los suyos, consciente del grave daño causado por las prácticas nada edificantes de quienes se prevalieron de su condición de cargo público para enriquecerse, ávidamente aprovechadas por los adversarios políticos para cuestionar, a modo de causa general, toda su labor de gobierno e, incluso, su propia legitimidad. De ahí que, como señalábamos al principio, sea imperativo que se diluciden las sospechas que recaen sobre la presidenta madrileña, una de las figuras populares más apreciadas por los votantes y cuya proyección política traspasa las fronteras de la región.

Debe hacerse, claro, con las garantías debidas, pues la experiencia de estos últimos años nos demuestra que el daño causado por acusaciones apenas sostenidas en meros indicios, cuando no, en el aire, es imposible de reparar por más que los tribunales dicten sentencias absolutorias o se sobresean las actuaciones judiciales. Díaz Ayuso tiene derecho, al menos, a que su partido actúe en su caso desde la buena fe y en beneficio del interés de los ciudadanos. Cualquier otro fin buscado sería espurio y poco digno de un partido que se considera alternativa de gobierno.