Una judicatura formada y competente

El Gobierno ha puesto el foco en los jueces para zafarse del despropósito generado por la ley Montero. Se ha saltado no ya el respeto institucional propio de cualquier democracia homologable, sino la debida exigencia de responsabilidad y rigor de toda alta magistratura del Estado. Cuando se produce no por supuesto una crítica o una disensión en la cúspide de la nación, que son legítimas, sino un linchamiento público para distraer la atención y presentar a los togados como presuntos culpables, se adolece de una flagrante ausencia de lealtad con los jueces, en particular, y con la democracia, en general. Los ministros socialistas han orquestado un argumentario que pretende que el tiempo transcurra mientras endosan el desenlace final al Tribunal Supremo. Moncloa se lava las manos mientras los españoles asisten estupefactos al dantesco espectáculo de las decenas de los peores delincuentes sexuales favorecidos con los beneficios inesperados en la condena e incluso con la calle. Es poco probable que el alto tribunal revoque e incluso cuestione de forma genérica el principio sustancial de la retroactividad de las leyes favorables a los reos, que es el meollo de este asunto. La patada hacia delante que practican los socialistas es un recurso retórico y táctico muy pobre, de corto alcance y escasas miras que no resultará. Esta suerte de tancredismo de última hora no puede ser la respuesta de una administración seria que ha provocado una humillación continuada de las víctimas por los efectos de un engendro legal que presuntamente restituía la justicia. Unidas Podemos no ha variado ni un ápice en su posición, más allá de sumarse a la teoría del retardo, de ese a ver lo que dicta la Fiscalía, el Supremo y la jurisprudencia: la ley es perfecta y el problema radica en los jueces, que carecen de la formación debida, lo que ha conducido a una aplicación «precipitada» y «sin reflexión» de una buena norma. Con un matiz de interés que denota al déspota. Han demandado a los medios de comunicación que no informen sobre los recursos que presentan los abogados defensores de personas condenadas por abusos sexuales. O sea que se autocensuren. Nada respalda la febril diatriba de la conspiración, ni de esa justicia ignara y fantasmagórica. Todo lo contrario. La formación de los jueces españoles es de enorme solidez. El sistema de acceso se asegura de ello, así como las propias exigencias de la carrera y su desempeño. Se cualifican específicamente en violencia y perspectiva de género cuando estudian la oposición, los dos años en la Escuela Judicial y a lo largo de su itinerario profesional. El CGPJ ha aumentado estos cursos singulares en un 700% en diez años y más de 1.400 jueces se han beneficiado de ello. Tres de cada cuatro españoles (74%) consideran que nuestros togados son competentes y están bien preparados. O sea que Montero y compañía son la excepción. Los han difamado sin freno, con el silencio cómplice de Moncloa. Son un elemento que solo se somete a las leyes, incluso a las malas. Por fortuna.