No es el calendario, son las malas leyes

Los estrategas electorales del PSOE, que disponen de sus propios estudios demoscópicos, urgen al Gobierno a que apruebe antes del final de año el paquete legislativo más controvertido socialmente, en el que se incluyen la «ley Trans», la rebaja penal de la malversación, la ley de Bienestar Animal o la ley de Vivienda, desde la convicción de que una vez pasado el mal trago, con el Gabinete en calma, la proverbial desmemoria de la opinión pública restañará los daños de cara a las inmediatas elecciones municipales y autonómicas.

No son los únicos que apuntan a la teoría del olvido, pues ahí están los socios nacionalistas de ERC, convencidos de que «ya no se puede apretar más en lo que queda de legislatura», como si la aprobación de unas leyes con tanta carga ideológica como dudosa técnica jurídica no fueran a causar efectos a medio y largo plazo en el cuerpo social. Por citar un ejemplo, muy finos deberán andar quienes se encarguen de la reforma del delito de malversación, para que esta no siga el mismo camino de la ley del sí es sí y, junto con Oriol Junqueras y José Antonio Griñán –que, por cierto, no deja de pedir prórrogas al Supremo para dilatar su entrada en prisión–, acaben en la calle otros corruptos condenados y esa opinión pública de tan reputada mala memoria se vea sacudida cada mañana por las noticias de un nuevo fiasco gubernamental.

Lo mismo reza la para ley de Bienestar Animal, cuyos efectos en el mundo rural pueden ser demoledores, o la de Vivienda, aunque en este último caso las consecuencias negativas para el mercado inmobiliario tardarán un tiempo más en hacerse patentes. Y si no citamos la «ley Trans» es porque sus medidas, una vez pulidas con las enmiendas socialistas, afectarán a un porcentaje insignificante de la población. En cualquier caso, nada sería mejor para el conjunto de la sociedad española que un parón en el furor legislativo de este gobierno de coalición, dispuesto a imponer su visión del mundo, la moral y, hasta, la carne a unos ciudadanos del común cuyos problemas tienen menos que ver con lo identitario que con la manera de llegar a final de mes.

Con ello, queremos señalar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cuanto a cabeza rectora de su partido, no tiene un problema de calendario, sino de una gestión política que está teniendo la insólita virtud de tocar los intereses y las convicciones de buena parte del cuerpo electoral, con pocas excepciones. Una gestión que ni siquiera la mansedumbre de los sindicatos de clase puede disimular, una vez que, como ocurre con el proyecto de reforma de las pensiones o con el mercado laboral, haya que entrar en palabras mayores. El PSOE, cierto, tiene un problema con sus coaligados de gobierno y con sus socios de la moción de censura que no es, precisamente, de ajuste de calendario. Las urnas lo confirmarán a su tiempo.