Altos impuestos para empleos precarios

A partir del mes de febrero de 2022, fecha en la que entró en vigor la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta de extrema izquierda, Yolanda Díaz, el mercado de trabajo español ha experimentado un proceso de precarización del empleo que los optimistas datos del Ministerio de Trabajo apenas consiguen maquillar. No es sólo que los contratos «indefinidos» lo sean a tiempo parcial o fijo-discontinuo en casi el 60 por ciento de los casos, sino que más de un millón de trabajadores se ven obligados a firmar más de un contrato al mes cuando antes de la reforma socialista este número no llegaba a los 30.000 empleados.

Si traemos estas cifras a colación es porque con la llegada del nuevo año se vienen encima nuevas cargas fiscales, buena parte de las cuales incidirán directamente sobre los costes laborales que afrontan empresas y trabajadores, actuando negativamente sobre un mercado laboral ya tensionado por la presión fiscal, la inflación en el precio de los insumos y las dificultades de acceso al mercado crediticio. Como hoy publica LA RAZÓN, sólo en cotizaciones sociales, el Gobierno que preside Pedro Sánchez incrementará sus ingresos en 11.000 millones de euros, procedentes del mecanismo de equidad interregional y de la cuota de solidaridad, de los que las empresas abonarán el 83 por ciento.

Es decir, se detrae al mercado de trabajo 11.000 millones más, que apenas cubren un mes de gasto en pensiones, pero que suponen aumentar la carga sobre unos trabajadores que ya dedican más del 40 por ciento de sus ingresos en hacer frente al IRPF y a las cotizaciones sociales. Es un hecho que desde la llegada al Gobierno de la coalición social comunista España se ha convertido en el país de la OCDE que más ha incrementado la presión fiscal sobre sus ciudadanos con cifras históricas de recaudación, que, sin embargo, apenas se han visto reflejadas en la mejora sustancial de los servicios públicos, tal vez, porque una parte del gasto se dedica a subsidios y «paguitas» que sólo cronifican la precariedad de los más desfavorecidos, que, a su vez, se ven obligados a hacer frente a una escasez de vivienda que hace imposible acceder al mercado del alquiler.

Con un problema añadido, que desde la izquierda gobernante se repiten las mismas políticas que ya se han demostrado fallidas allí donde se han aplicado, y no sólo en lo que se refiere al mercado de la vivienda. El exceso impositivo sobre empresas y trabajadores, por no hablar simple y llanamente de asfixia fiscal, lastra la competitividad empresarial, dejando, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, sólo un camino para permanecer en el mercado: la precarización de los contratos y de los salarios. Y esa es una realidad cotidiana en el mundo laboral español que el maquillaje de las estadísticas de Trabajo no puede ocultar.