Los servicios jurídicos de la Comisión Europea han trasladado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un dictamen sobre la ley de amnistía aprobada en España con tres conclusiones evidentes: que no responde a una cuestión de interés general, porque forma parte de un acuerdo político para una investidura llevado a cabo con los propios beneficiarios de la norma; que los impulsores de la ley no atendieron a las recomendaciones de la Comisión de Venecia para que se buscara el mayor acuerdo mediante el diálogo con todas las partes, y que las disposiciones de la citada ley no son claras ni precisas.

En realidad, Bruselas viene a reiterar lo que han venido denunciando en España organismos e instituciones públicas, juristas de reconocido prestigio, catedráticos de Universidad de diferentes ramas del Derecho, los partidos de la oposición y, sobre todo, la mayor parte de una opinión pública que está al cabo de la calle sobre la naturaleza del «intercambio comercial» entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Con el agravante, hay que insistir en ello, de que los electores acudieron a las urnas bajo la palabra del candidato socialista de que no sólo no habría amnistía, «por que es anticonstitucional», sino que se traduciría a la Justicia al expresidente de la Generalitat autoexiliado en la localidad belga de Waterloo.

Hay que precisar que el informe de la Comisión no predetermina la decisión del TJEU ni esta cuestión prejudicial, presentada por el Tribunal de Cuentas español para aclarar si es lícito exonerar la malversación de caudales públicos en la que, presuntamente, incurrieron los impulsores del procés separatista, y si esas conductas afectan a fondos de la Unión Europea, agota la vía de la justicia europea para anular la amnistía. Pero si bien quedan otras muchas cuestiones prejudiciales por resolver, el dictamen de la Comisión demuestra que ni toda la propaganda gubernamental, ni todos los esfuerzos lobistas del nacionalismo catalán en las instituciones comunitarias han conseguido cambiar la percepción de la ley de amnistía como un mero acuerdo político para la conformación de un ejecutivo.

El argumentario de la normalización y la reconciliación no se sostiene, ni, por supuesto, se acepta como legítimo a la luz del Derecho europeo que se puedan amnistiar ciertos delitos graves, como el terrorismo o la malversación. Todavía queda mucho recorrido en los tribunales de Luxemburgo y los ciudadanos tendremos que asistir más veces al espectáculo de la Abogacía del Estado y la Fiscalía española haciendo causa común con los letrados del secesionismo, pero, al menos, quedará entre los ciudadanos españoles la constatación de que no se entregó la dignidad de la democracia española sin dar la batalla hasta el último recurso. Y eso no lo puede impedir Cándido Conde-Pumpido ni el ministro Félix Bolaños.