El recurso al comodín del cambio climático para justificar la desidia, la falta de prevención, los errores de gestión o para, simplemente, obtener réditos ideológicos se ha convertido en un lugar común en la política occidental, ya sea un fenómeno meteorológico relativamente frecuente como las danas en la costa mediterránea, ya sea la inevitable plaga estival de incendios forestales. Así, se acuñan términos como «fuegos de sexta generación» como si estuviéramos ante fenómenos nuevos, inusuales, lo que no es cierto, porque, desafortunadamente, la hemeroteca está llena de referencias a grandes fuegos forestales, que fueron capaces de asolar miles y miles de hectáreas. Lo que sí se acerca más a la verdad es el incremento de la frecuencia de los incendios y su multiplicación territorial. Las causas son muchas y están bien establecidas por la experiencia, desde la acción de pirómanos hasta las chispas accidentales de la maquinaria agrícola o el ferrocarril, pasando por los descuidos de los excursionistas o la fatídica colilla lanzada desde un vehículo. Ahora bien, hay dos factores comunes en todas ellas. El primero, es el mal estado de conservación del medio rural, ya sea de los bosques y terrenos arbolados, ya de los campos de labor en abandono en unos pueblos que se van despoblando sin solución de continuidad. El segundo, y no menos importante, es una legislación conservacionista, impulsada en la mayoría de los casos por el ecologismo urbano, que restringe los usos económicos tradicionales del medio rural, que restringe la limpieza de los bosques mediante la recogida de leña, que demás demoniza las seculares técnicas de prevención, como las quemas controladas, y que, en definitiva, aleja al hombre del que ha sido su medio de vida, su lugar de esparcimiento, por mor de una protección de la naturaleza que olvida que si en España se conservan algunos de los más bellos parajes naturales de la Unión Europea es porque fueron los habitantes de esos pueblos los que supieron conservarlos a lo largo del tiempo. En las condiciones meteorológicas, como las que ha atravesado la Península esas semanas de julio y agosto, ante unas masas forestales llenas de combustible que no ha sido retirado tras una primavera lluviosa, ante los campos en barbecho dejados a la invasión del matorral, poco pueden hacer las brigadas de bomberos forestales, nunca suficientemente pagados, o la UME. Es un lugar común, y cierto, decir que los incendios se apagan en invierno con la prevención adecuada, pero también es importante racionalizar una legislación restrictiva, dispersa, y, sobre todo, que no tiene en cuenta la realidad cotidiana en el mundo rural. Porque no es suficiente llenar de segundas residencias los parajes que antaño fueron medio de vida de la mayoría de los españoles, ni habrá solución mientras la izquierda ecologista considere al agricultor y al ganadero, como un enemigo al que hay que sujetar con leyes.