La asfixia fiscal y las políticas clientelares

Es un hecho que el actual gobierno de coalición ha conseguido, en materia de financiación pública, dos hitos en apariencia contradictorios, pero que son el mejor retrato de una manera de entender la gestión política. Por un lado, y en términos armonizados de Eurostat, España registró en 2021 la mayor presión fiscal de su historia, con un 39 por ciento del PIB, mientras que, por otro lado, la deuda del Estado también ha alcanzado su máximo histórico, hasta 1,52 billones de euros, es decir, el 113 por ciento del PIB. Sólo en lo que se refiere a los ingresos por IRPF, en 2022 los españoles soportaron el tipo efectivo medio más alto de su historia, el 14,1 por ciento, esfuerzo en el que, por supuesto, se incluye a los jubilados, que afrontan un tipo medio del 9 por ciento de IRPF, que se les come un 37,5 por ciento de los muy publicitados aumentos de las pensiones.

La realidad es que nunca un Gobierno ha tenido tantos ingresos fiscales en sus manos ni, por supuesto, un respaldo financiero multimillonario de la entidad de los fondos europeos, cuestiones que harían preguntarse a cualquier observador por qué las calles de las ciudades y los pueblos de España no están empedradas de oro. Se nos dirá que la doble emergencia de la pandemia y a la guerra de Ucrania ha obligado a afrontar unos gastos de una extraordinaria magnitud, pero, con ser cierto, la principal causa hay que buscarla en el modelo económico de una izquierda que entiende la política desde lo clientelar. Se trata de una perversión de antigua raigambre populista del concepto del Estado del bienestar, que desconfía de la capacidad de la propia sociedad para salir adelante.

Así, se multiplican las subvenciones, ayudas, bonos, subsidios y reducciones, con unos costes fiscales faraónicos, pero que apenas consiguen cubrir de manera digna las necesidades básicas de la población más desfavorecida. A cambio, se cargan con todo tipo de impuestos –aquí la inventiva de Hacienda no tiene límites– las actividades productivas, con especial incidencia en las rentas del trabajo y en los beneficios empresariales, elevando los costes laborales y de producción de las empresas, que pierden competitividad y acaban por repercutir la carga sobre los salarios, los proveedores y los clientes, hasta el punto de poner en riesgo buena parte del tejido productivo nacional.

En definitiva, que en lugar de favorecer un medio ambiente favorable para el desarrollo de la economía productiva, con menos impuestos y menos trabas administrativas, que, a la postre, redunda en la mejora de los salarios y de los ingresos fiscales, se perpetúa la tramposa idea de «que paguen los ricos para repartirlo entre los pobres», cuyo destino final siempre ha sido el mismo en todos los regímenes socialistas donde se ha implantado. Y el problema es que ni siquiera esas «paguitas» dan muchos votos.