El extraño caso del Presupuesto ausente

No parece haber grandes diferencias entre los expertos constitucionalistas a la hora de valorar la actitud del Gobierno frente a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Consideran que la Carta Magna establece la obligación del Ejecutivo de presentarlos en el Parlamento para su discusión y, en su caso, aprobación o no, entre otras razones, porque se trata de uno de los instrumentos políticos más determinantes de la gestión gubernamental.

Que la propia Constitución no establezca sanción alguna ante el incumplimiento de la norma solo se explica desde la convicción de los redactores de la ley de leyes de que ningún gobernante tiraría la toalla sin, al menos, defender ante la soberanía nacional las bases fundamentales de su acción política, que es lo que, en definitiva, representan los PGE, incluso sin la garantía de su aprobación. Es más, la discusión de las cuentas del Estado forma parte de las obligaciones parlamentarias, porque es un derecho básico de los ciudadanos conocer el destino de sus impuestos y las prioridades de gasto del Estado. Pero, sin duda, los padres de la Constitución no contaban con que llegaría un presidente del Gobierno dispuesto a gobernar sin el Parlamento, como no previeron que la Carta fundacional de una democracia moderna tuviera que blindar la legitimidad de las leyes del Estado frente a la acción delincuencial y expresar meridianamente la prohibición de las amnistías.

El caso es que nos acercamos a la nueva prórroga presupuestaria –ya llevamos cuatro en siete años– sin que se le mueva un músculo al inquilino de La Moncloa, dispuesto a seguir gobernando tirando de los fondos de emergencia, recolocando partidas o endeudándose con las aportaciones de la Unión Europea. En otros lugares políticos, que nos parecen lejanos, la derrota de los PGE en las Cortes suponía la caída del Gobierno y la convocatoria de elecciones. Hoy, en España, con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se considera que la discusión de las cuentas sin garantía de aprobación es una pérdida de tiempo, como si el hecho de examinar, discutir y proponer unas cuentas que determinan la estrategia de la política económica de la Nación careciera de la menor virtualidad ante lo único que el presidente del Gobierno considera fundamental en la democracia: la aritmética parlamentaria.

Lo demás, es, insistimos, una pérdida de tiempo para el nuevo socialismo español, que, por las trazas, entiende que el Hemiciclo de la carrera de San Jerónimo no tiene otra función que la de ejercer de «gallera» en la que reñir con la oposición. Ciertamente, las continuas prórrogas presupuestarias son una anomalía política de gran calado que la opinión pública no debería dejar pasar, aunque sólo sea porque unas cuentas del Estado ajustadas a las necesidades y las circunstancias del momento son el espejo en el que se reflejan los buenos gobernantes.