Editorial
La ley para las élites que se salta Sánchez
Lo menos que se puede pedir a un Ejecutivo que se vanagloria de su defensa de las mujeres y blasona de feminismo es que predique con el ejemplo y cumpla el primero con lo que pretende exigir a los demás.
No es posible obviar que la llamada «Ley de Representación Paritaria de Mujeres y Hombres en los Órganos de Decisión», una norma europea transcrita con toda oportunidad por el Gobierno en vísperas del Día Internacional de la Mujer, no concita especial unanimidad, no sólo porque afecta al ámbito de decisión propio de las empresas, sino porque va esencialmente dirigida a un sector, el de las mujeres con alta cualificación profesional, que considera desafortunado, incluso, ofensivo para su valía, ya demostrada, un sistema obligatorio de cuotas que pasa por encima de los méritos objetivos.
En este sentido, el hecho de que entre las empresas cotizadas en el IBEX-35, el 38 por ciento de los miembros de las presidencias y consejos administrativos sean de sexo femenino, frente al mínimo del 40 por ciento que marca la nueva legislación, demuestra que la evolución natural de las dinámicas empresariales, como ocurre en otras instituciones, privadas o públicas, como la Judicatura, acaban por integrar a las mujeres en los órganos de decisión, sin que necesiten favorecimientos ajenos a la cualificación profesional. Dicho esto, lo menos que se puede pedir a un Ejecutivo que se vanagloria de su defensa de las mujeres y blasona de feminismo es que predique con el ejemplo y cumpla el primero con lo que pretende exigir a los demás.
Nos referimos, claro, a la palmaria infrarrepresentación de las mujeres en los consejos y órganos de decisión de las empresas públicas. Salvo Enresa, que cumple con la paridad, el resto de las entidades dependientes del Estado suspenden en igualdad, con casos clamorosos como Navantia e Hispasat, con sólo dos mujeres presentes en unos consejos de administración que cuentan con 12 y 11 varones, respectivamente.
En realidad, el panorama en las élites profesionales de lo público palidece ante la situación laboral de la generalidad de las españolas, invariable, pese a la enérgica reivindicación del feminismo de nuestro Gobierno de coalición. Hoy –son datos del último trimestre de 2022–, las mujeres padecen una tasa de desempleo más de 3 puntos superior a la de los hombres; el 73 por ciento tienen trabajos a tiempo parcial, frente al 27 por ciento de los varones, y firman el grueso de los contratos temporales. El sindicato CC.OO calculaba que, en 2021, la brecha salarial entre mujeres y hombres era del 20.9 por ciento. Es decir, que las primeras ganaban de media anual 4.700 euros menos que los segundos. Hay causas objetivas en esta brecha de género, muchas relacionadas con la necesidad del cuidado de dependientes, pero, también, con las deficiencias de los programas formativos. Y, a nuestro juicio, parece más urgente operar políticamente sobre esa inequidad del mercado laboral, que ponerse a contar cuántas consejeras delegadas o presidentas de Consejo tienen las grandes empresas españolas.
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