Parche al «sí es sí» a la espera de otro gobierno

Sin pretender restar carga política al acuerdo parlamentario entre el PSOE y el Partido Popular a cuenta de la reforma de la ley del «Sí es Sí», lo cierto es que nos hallamos ante un parche jurídico, imprescindible, pero que no entra en el fondo del problema, que no es otro que la fusión en un sólo tipo penal de los delitos de agresión sexual y abuso sexual. Las matizaciones sobre la existencia de penetración o no a la hora graduar las penas y, sobre todo, la recuperación del concepto de la violencia en el modus operandi de los actos contra la libertad sexual suponen, sin duda, una rectificación notable de lo legislado y debe anotarse en el «haber» del sector socialista del Gobierno.

También, en el de una oposición que ha optado por dejar a un lado el memorial de agravios para, en nombre del bien común, ofrecer una salida digna a Pedro Sánchez. Ahora bien, debemos insistir en la idea de que la única reforma posible es la vuelta al antiguo Código Penal, tan manoseado en esta legislatura y con tan poco cuidado –hasta 17 modificaciones plagadas de errores técnicos–, lo que será obra deseada de un próximo gobierno popular. No se trata, por supuesto, de hacer leña del árbol caído, pero el esperpento al que hemos asistido tiene varios responsables, comenzando por un PSOE al que se le suponía la suficiente experiencia legislativa, pero que se alineó festivamente con el discurso sofista de la extrema izquierda y su demagogia del «consentimiento», como si el consentimiento, mejor dicho, su ausencia, no hubiera sido desde los albores de la sociedad moderna el elemento decisivo y determinante en los delitos de carácter sexual.

Confundir, como se ha hecho desde Unidas Podemos, el consentimiento de la mujer con la enervación de la presunción de inocencia es una mixtificación grosera, de esas que, a la postre, acaban siempre ante el tribunal europeo de Derechos Humanos. Afirmar, con han hecho los portavoces podemitas, que nos hallamos ante un retroceso de los derechos de la mujer es, simplemente, negar la evidencia que percibe con absoluta nitidez una opinión pública alarmada ante el millar de violadores y abusadores sexuales beneficiados por el engendro jurídico.

A este respecto, la reforma abordada, que debe pasar todavía por el pleno parlamentario, no podrá evitar que prosiga el rosario de revisión de las penas, incluso, con decenas de excarcelaciones, pero, al menos, servirá para poner punto final a un error. Y quienes, desde la bancada de la mayoría de investidura, pretendían mantener el espantajo de un Partido Popular poco menos que alineado con el mal absoluto tendrán que asumir otra realidad, que ante asuntos que afectan directamente a los intereses generales de la población, la concertación política, el acuerdo, siquiera de mínimos, acaba siendo inevitable. Incluso, fuera de los periodos electorales.