Ordenar al Ministerio de Asuntos Exteriores que organice una especie de «programa de actos» para dar contenido a la actividad política de la Presidencia del Gobierno tras el final del periodo vacacional es una de esas nuevas realidades de la vida pública española que, poco a poco, la ciudadanía acaba por aceptar como si no tuvieran la menor importancia. Sucede como con la batalla gubernamental contra los jueces, la legislación sobre el mercado inmobiliario o la atención de los menores inmigrantes no acompañados, que parece se busca más el fragor de la polémica, el enfrentamiento con el adversario político que el abordaje pausado y con método de los problemas que más acucian a la sociedad española. Valga este pequeño preámbulo para explicar que, si hay algún ámbito en la acción de gobierno que no se puede improvisar, es la política exterior de una nación, más si se trata de un país vinculado por tratados que son fuente de leyes propias, como los firmados con la Unión Europea, o si implican la defensa mutua del mundo occidental, como son los acuerdos con la OTAN. Podríamos añadir que no hay nada que conduzca a la irrelevancia internacional como el doble discurso interno, como el que exponen a las claras y sin el menor pudor las dos «almas» de la coalición de gobierno, las que representan el PSOE y la extrema izquierda populista, cuestión que explica por sí misma la ausencia de España en las últimas reuniones de las potencias europeas a cuenta de la guerra de Ucrania. No parece que una llamada telefónica de apoyo al líder ucraniano por parte del presidente del Gobierno compense el desaire de no ser convocado a unas conferencias que pueden ser determinantes para el futuro del conflicto bélico. Pero así están las cosas. Mientras los socios gubernamentales utilizan como armas arrojadizas en sus artificiales batallas «ideológicas», que nunca tienen las consecuencias debidas, cuestiones estratégicas de enorme importancia como los programas de armamento, el mantenimiento de los compromisos internacionales adquiridos y las garantías de la libre circulación de mercancías, el prestigio de España como socio confiable se va al garete o, al menos, así se interpretan las crecientes críticas que llegan desde el Exterior, donde, por cierto, como ha ocurrido con el caso de Gibraltar, cualquier cancillería nos ha tomado la medida de lo que entiende el Gobierno español por «negociación». Pero, además, si el jefe del Ejecutivo, o su legión de asesores, piensan que encadenando viajes al exterior, así, según el ministro Albares vaya cerrando agendas, como si sus contrapartes no tuvieran mejores cosas que hacer, van a capear el temporal interno de unos Presupuestos en el aire, unos compromisos con los socios de investidura muy difíciles de cumplir y una, esta sí, «agenda judicial» nutrida y mediática, es que no conocen hasta qué punto se ha deteriorado la situación política y personal del inquilino de La Moncloa.