Razones legítimas para salir a la calle

Ni del programa electoral del PSOE ni de la praxis parlamentaria socialista ni del discurso de Pedro Sánchez podían deducir los electores un horizonte político como el actual, en el que la amnistía a los golpistas catalanes y, en el peor de los casos, el reconocimiento implícito del derecho de autodeterminación, pueden condicionar la reelección del actual jefe del Gobierno en funciones.

Se trata de dos cuestiones capitales para el ordenamiento constitucional español que deberían haber formado parte del debate público para que los ciudadanos hubieran tenido los correctos elementos de juicio en el momento de acudir a las urnas. Y aquí no hablamos de más situación sobrevenida que la ambición de permanencia en el poder a toda costa del candidato socialista, porque la demanda de la medida de gracia para Carles Puigdemont y el resto de los encartados por la revuelta del procés no viene de ahora, por no hablar de la perenne exigencia del referéndum de independencia.

Valgan estas consideraciones para desmontar el argumentario que la propaganda gubernamental está extendiendo sobre la supuesta renuencia «de las derechas» a la hora de aceptar la derrota electoral y la legitimidad de las urnas, un clásico en el largo catálogo de quejas de Pedro Sánchez, con el que se pretende deslegitimar la convocatoria de protestas del Partido Popular, hoy, en la madrileña Plaza de Felipe II, contra la cesión, al parecer ya acordada, de la amnistía. Entendemos el nerviosismo de la actual dirección del PSOE ante la toma de las calles por un sector de la población, ni mucho menos pequeño, convocado a reaccionar ante tamaño ataque a la igualdad ante la ley de los españoles, consagrada en la Constitución, cuya reforma se pretende llevar a cabo por la puerta de atrás.

Que el PSOE de Madrid haya exigido notarialmente que la televisión pública madrileña no cubra en directo la convocatoria, es sólo una muestra más de esa preocupación a la que nos hemos referido. Por supuesto, en un sistema democrático el derecho a manifestarse pacíficamente y cumpliendo las normas establecidas está garantizado como una de las libertades fundamentales de los ciudadanos.

Y, en este caso, podríamos añadir que ante la anunciada negativa a consultar en las urnas unas decisiones políticas de tanta gravedad, que han despertado las conciencias de muchos significados militantes socialistas, la protesta en las calles y plazas de las ciudades de España se convierte en un deber para quienes ven en peligro la estabilidad democrática de la Nación y su unidad. No todo vale para alcanzar el poder y la democracia no es una simple cuenta de votos, sino que se basa en el respeto al ordenamiento jurídico que garantiza la convivencia en libertad e igualdad. Lo que un 7 por ciento de los votantes, que es la suma de la representación de los nacionalistas en la Cámara, no acaba de aceptar.