Sánchez se habitúa a los baños de realidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comienza a habituarse a los baños de realidad, lo que es un avance respecto al discurso voluntarista que venía marcando su gestión política. Así, el inquilino de La Moncloa ya admite que está en minoría parlamentaria, que no se puede gobernar de espaldas al Parlamento y, sobre todo, que no basta con desear las cosas muy intensamente para que se hagan realidad. En su caso, todo acaba pasando por el tamiz de Carles Puigdemont, el líder de Junts –una formación que «no está para servir de muleta al PSOE ni para dar estabilidad al Ejecutivo español», en las desabridas palabras de su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras–, una vez que ha barrenado cualquier posibilidad de entendimiento con la oposición popular, epítome de todos los males que aquejan al Ejecutivo.

Sin embargo, lo que no ha cambiado es la tendencia de los medios gubernamentales a no admitir hasta que los hechos se desploman sobre los sillones del Consejo de Ministros otro relato que no sea el que difunden sus servicios de propaganda. Tal es así, que la opinión pública ha asistido atónita al retraso de la reunión del Gabinete, forzada por las negociaciones in extremis con Puigdemont, pese a que todos los portavoces socialistas venían asegurando a lo largo del fin de semana que el real decreto ómnibus no iba a sufrir recortes ni, por supuesto, se pensaba trocearlo.

Que muy pocos ciudadanos se creyeran las afirmaciones de los representantes del Gobierno no empece para que debamos rechazar una manera de entender la comunicación política muy alejada de los normales usos democráticos. Por supuesto, el decreto de marras ha sido troceado y las nuevas imposiciones fiscales, entre otras materias, han quedado para discutirse en otro momento. No sólo eso. La presión de Junts ha conseguido forzar un compromiso en materia inmobiliaria, responsabilizando al Estado y no a los propietarios de viviendas en alquiler de la situación de los inquilinos vulnerables. Se mantiene la moratoria de pago, sí, pero el Gobierno garantizará los ingresos de los caseros, además de agilizar la expulsión de quienes ocupen ilegalmente las viviendas, lo que no será del agrado de los otros socios de Sánchez.

Finalmente, los acuerdos con Puigdemont no garantizan la futura estabilidad del Gobierno. En marzo, Pedro Sánchez tendrá que pasar otro «examen» que versará sobre la financiación especial de Cataluña –el elefante en la habitación que nadie en el PSOE quiere mencionar– y su sometimiento a la cuestión de confianza, que se articulará a través del debate parlamentario de una proposición no de ley. En este sentido, el presidente del Gobierno insiste en su negativa a someterse a la cuestión de confianza que reclama Junts, pero ya hizo lo mismo con el troceamiento del decreto ómnibus.