Entre 2011 y 2017, últimos años de gobierno del Partido Popular, la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) presentaba unas pérdidas de 66 millones de euros. Pues bien, en los siete años que lleva al frente del Ejecutivo Pedro Sánchez, las pérdidas acumuladas de este organismo estatal suman la bonita cantidad de 1.192 millones de euros, y subiendo. Se nos dirá que es preciso tener en cuenta el impacto de la pandemia para entender las causas del enorme agujero económico de un órgano público destinado en origen a promover la actividad industrial en España, pero también es cierto que la gestión de los populares se enfrentó a las consecuencias de la mayor crisis financiera internacional de la historia reciente y sus resultados fueron infinitamente mejores.

Algo tendrá que ver en el descalabro el modelo de gestión de lo público de un gobierno como el actual, muy dado a la intromisión en las actividades empresariales que se consideran «estratégicas», caso de Telefónica o Indra, –en las que ha adquirido paquetes accionariales a costa del presupuesto–, pero que ha situado las empresas públicas de la SEPI en manos de personas próximas al presidente del Gobierno y al PSOE, en muchos casos sin la cualificación profesional más adecuada. No es, por supuesto, un problema exclusivo de la SEPI, pues ahí mismo tenemos el caso reciente de Beatriz Corredor, jurista y registradora de la propiedad, ex titular del fracasado Ministerio de la Vivienda, puesta al frente de un sector tan técnico, específico y estratégico como Red Eléctrica, con los resultados de todos conocidos.

Y sí, hay circunstancias especiales, como el fiasco en la construcción de la serie de submarinos de la Armada S-80, con una década de retrasos y modificaciones del proyecto que ha golpeado a Navantia, pero en otras, como Correos o la agencia Efe, hablamos de malas decisiones empresariales y de la incapacidad para afrontar los nuevos tiempos de la tecnología de la Información y la competencia en un mercado global.

En realidad, las pérdidas crecientes de la SEPI –con los proyectos añadidos de ajustes de plantilla y programas de prejubilaciones que se costearán con más dinero público– son espejo, otro más, de la ineficiencia del actual Gobierno de coalición, que si en un principio trataba de cambiar el modelo político, social y económico de España, bajo un prisma ideológico tan manido y superado como excluyente, en los últimos tiempos sólo se preocupa de su supervivencia en medio de escándalos de corrupción de todo tipo. En definitiva, un gobierno invasivo del conjunto social, que no ha tenido el menor empacho a la hora de «colonizar» con sus afines las más diversas instituciones del Estado, incluido el Tribunal Constitucional, creando una red de intereses mutuos y clientelares que, sin embargo, tropieza ante la realidad de las cosas.