El barómetro del CIS referido al mes de julio, cuando ya se sabía la implicación del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en presuntas actividades de corrupción, registra una caída en la intención de voto socialista de hasta 7 puntos, es decir, un desplome en términos estadísticos que a duras penas ha conseguido maquillar la «cocina» de Tezanos, que insiste en un afán digno de mejor causa en mantener a los de Pedro Sánchez por encima, aunque sea por medio punto, de los de Núñez Feijóo. De creer a los técnicos del CIS, la mayoría de los votos que pierde el PSOE se irían a Vox, que es el único partido al que el barómetro concede una franca subida de más de seis puntos, cuestión que, por supuesto, no refleja del mismo modo la batería de encuestas privadas que han ido apareciendo en los principales medios de comunicación, que ponen al Partido Popular muy por delante de los socialistas.

Que esto es así, se constata con la resistencia a adelantar las elecciones generales por parte del inquilino de La Moncloa, que ha reconocido paladinamente que unas nuevas urnas conducirían a un gobierno de «la derecha y la ultraderecha» y se dispone a aguantar hasta el final de la legislatura a ver si escampa o el contrario comete algún error.

El problema es que de mantenerse el calendario tendrían que celebrarse primero las elecciones autonómicas y municipales con el presumible riesgo de que los electores ejecuten un voto de castigo contra el sanchismo en las espaldas de los candidatos regionales y municipales socialistas, lo que está creando un cierto mar de fondo en el seno del partido que, por el momento, sólo están expresando en público los críticos habituales, como el presidente castellano-manchego Emiliano García-Page, que ha expresado a las claras su convicción de que a mayor corrupción, mayor debilidad del Gobierno y exigencias más duras por parte de los socios de investidura.

Coinciden estás declaraciones con la publicación, ayer, de diversas noticias referidas a la cesión total del IRPF a Cataluña, en el marco de los acuerdos para la financiación singular del Principado, y de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco, decisiones ambas que ponen en peligro la caja única de las pensiones y aumentan las cargas sobre el resto de las comunidades de régimen común.

Que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también candidata a la presidencia de Andalucía, se disponga a pilotar la cesión a los nacionalistas catalanes para, a continuación, pedir el voto a los andaluces es una de esas anomalías políticas que solo son posibles en ese artefacto para la conservación del poder a toda costa, y a todo coste, que hemos dado en llamar sanchismo. Porque no es sólo la influencia de la corrupción socialista lo que detecta el CIS, es el cambio de ciclo, por más que Tezanos lo camufle.